El fiscal pide siete años de cárcel para el ex secretario de Estado para Seguridad y dos para el ahora jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acusados de malversación de fondos públicos.

La Audiencia Provincial de Madrid empieza a juzgar hoy los pagos que los ex policías José Amedo y Michel Domínguez recibieron en Madrid y en Suiza «para garantizar su silencio» en relación con los GAL, según se afirma en el escrito de acusación de la Fiscalía.

El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera se sentará en el banquillo por quinta vez y, aunque no se juega volver a la cárcel, sí afronta una elevada responsabilidad civil cuando aún no tiene satisfecha la derivada del procedimiento que se siguió contra él por la apropiación de fondos reservados del Ministerio del Interior.

La Fiscalía Anticorrupción, encargada de sostener la acusación pública en el llamado caso de los maletines, pide para Vera siete años de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos.

Pero, en la hipótesis de que fuera condenado, esa pena quedaría subsumida en las otras dos condenas que, también por malversación de fondos, ya ha recibido el ex número dos de Interior en los gobiernos de Felipe González. Vera fue condenado por el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey por los GAL, financiado con dinero público, y por adueñarse de fondos reservados que se quedó para él y repartió entre sus subordinados. Estos hechos hubieran podido ser juzgados en un solo proceso y dar lugar a una única pena, en vez de tres, por lo que no es previsible que el ex secretario de Estado, que disfruta desde el pasado agosto del tercer grado penitenciario, vuelva a prisión aun en el supuesto de recibir un fallo adverso.

La causa que se juzga a partir de hoy se inició en 1995 tras ser separada del caso Marey. Junto a Vera, están acusados su antiguo secretario personal, el abogado Juan de Justo; y los guardias civiles Aníbal Machín y Félix Hernando, que eran jefe de Servicio de Operaciones y jefe de Servicio de Información Exterior, respectivamente.

Hernando es, en la actualidad, coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil e intervino en la investigación de los atentados del 11-M, motivo por el que fue citado a comparecer ante la comisión de investigación parlamentaria. La Fiscalía pide para él dos años de prisión e inhabilitación absoluta por cinco años, la misma pena que para Machín. Ambos son acusados de complicidad en los pagos a Amedo y Domínguez.

De Justo, en calidad de cooperador necesario, se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años.

Procedimiento extraviado

Amedo y Domínguez y sus respectivas esposas no estarán en el banquillo. El fiscal dirige la acusación contra ellos exclusivamente a título de responsables civiles del presunto delito de malversación, con la finalidad de que devuelvan todo el dinero recibido.

La vista oral se inicia 13 años después de que se produjera el último pago a los dos ex policías, una dilación a la que ha contribuido que el procedimiento estuviera extraviado durante meses en la Audiencia Nacional. El notable retraso que ha sufrido el enjuiciamiento de este asunto dará lugar, como mínimo, a la solicitud de atenuantes por demoras indebidas. La Fiscalía no contempla que los hechos hayan prescrito.

Según el escrito de la acusación pública, en 1988, tras el ingreso de Amedo y Domínguez en prisión acusados de estar implicados en la guerra sucia contra ETA, Rafael Vera organizó un sistema de pagos a sus esposas para «garantizar el silencio de los dos [ex policías], a quienes el acusado había prometido el indulto, y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio acusado».

Con fondos reservados de los que Vera disponía se sufragaron operaciones quirúrgicas a las esposas de Amedo y Domínguez, que, además, recibían mensualmente sobres que contenían entre 450.000 y 600.000 pesetas. La mayoría de estos pagos, que se prolongaron hasta enero de 1994 (cuando Vera fue cesado como número dos de Interior), los efectuaba personalmente Juan de Justo. Por este procedimiento, cada una de las mujeres recibió «no menos de 29.700.000 pesetas».

Asimismo, las esposas de Amedo y Domínguez abrieron sendas cuentas en Suiza en las que fueron ingresados otros 200 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados. En tres ocasiones, el dinero fue transportado en maletines desde Madrid a Ginebra por Machín y Hernando. El cuarto viaje lo efectuó Juan de Justo junto al guardia civil Rafael Yuste. Según el fiscal, este último, a diferencia de los otros tres, desconocía el motivo del desplazamiento.

En el caso de que las cuestiones previas no prosperen y el juicio siga adelante, están citados como testigos, entre otros, los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera; Luis Roldán, Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado, Rafael del Río y Manuel Ballesteros.