El recurso fue interpuesto el pasado 7 de noviembre contra el punto cuarto del acta del Pleno del CSN del 18 de julio de 2006, que fue publicado el 6 de septiembre en su página web. Este acuerdo tomado durante la presidencia de María Teresa Estevan Bolea fue adoptado a instancias del Congreso de los Diputados, única institución que controla al CSN.

El día 29 de junio de 2005, la Comisión de Industria del Parlamento instó al CSN a «mejorar la transparencia y sus procesos de comunicación al público y a las instituciones, implementando con carácter inmediato un sistema de publicación de los Informes Técnicos en los que se apoyan las decisiones del CSN, así como las actas de inspección».

La resolución parlamentaria se tomó tras revisarse en comisión los incidentes de la central nuclear Vandellòs II, que mantuvo ocultos durante años serios problemas de corrosión en sus sistemas de refrigeración. Aquel incidente fue calificado por el CSN como el «más grave» después del incendio y clausura de la central nuclear Vandellòs I, en 1989.

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), que integra entre otras a Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa, las tres grandes eléctricas españolas propietarias de la totalidad de los reactores nucleares, ha interpuesto su recurso porque considera que la decisión del CSN afecta a derechos y libertades fundamentales. Incluso reclaman de la Audiencia Nacional que suspenda cautelarmente el acuerdo del CSN.

«No entiendo el por qué han interpuesto ese recurso», declaró a EL MUNDO la nueva presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten. «Creo que las empresas tienen todo el derecho a poner el recurso, pero eso no va a impedir que el CSN siga publicando las actas y los documentos que tienen carácter público, tal y como nos ha pedido el Parlamento», añadió.

Carmen Martínez señaló a EL MUNDO que, además, ella está de acuerdo con aquella resolución del Parlamento, que se basa en criterios de transparencia informativa en asuntos que afectan precisamente a la seguridad. La decisión parlamentaria también se apoya, además de en la legislación española, en el Convenio de Aarhus, recientemente ratificado por España y que incentiva ofrecer a la luz toda la documentación pública.

«Las eléctricas demuestran con ese recurso que no consideran que el Parlamento pueda tomar esa decisión. Además queda claro su afán de ocultismo y falta de transparencia, del que siempre se han beneficiado y quieren seguir haciéndolo», afirma Carlos Bravo, experto en energía nuclear de Greenpeace. «Confío en que no prospere el recurso», abundó el ecologista.

Durante los últimos meses el CSN ha publicado en su web las actas de inspección de las nucleares elaboradas por sus expertos. Eso sí, sin violar la confidencialidad de los nombres de los inspectores o ingenieros u otros asuntos de carácter secreto comercial o industrial, como se acordó.

Por ejemplo, la inspección realizada a la central de Santa María de Garoña el pasado 25 de octubre se encuentra colgada en la web del CSN. En ella se puede leer que los inspectores hacen saber a los titulares de la nuclear que los datos recogidos tienen consideración «pública» y les invitan a que «expresen qué información podría ser confidencial y cuál no».

A la pregunta, la empresa Nuclenor hace constar que toda la documentación del acta levantada tiene, según su criterio, «carácter confidencial», y solicita «ser informada previamente antes de la publicación, a fin de poder participar en la misma». Informada o no la empresa, la información es accesible fácilmente para el público en la web del CSN. Aunque el fondo del asunto está en el alero, porque la última palabra la tiene la Audiencia Nacional