De este modo, los imputados evitarán tener que ingresar en prisión, ya que sus abogados defensores y el Ministerio Fiscal acordaron rebajar las penas de cárcel que se solicitaban inicialmente -hasta cinco años por cohecho- a cambio de pagar una multa de 120.000 euros cada uno y de aceptar una pena de inhabilitación para ejercer un empleo público durante 14 años.

Los hechos se remontan a los años 1998 y 1999, cuando los agentes del CNP Marcelino C.D. y José María T.M. se dedicaban a obtener datos «de forma continuada» relativos a matrículas de coches pertenecientes a «determinada personas», según consta en la calificación del fiscal, y realizaban hasta 55 consultas diarias, aún cuando el número de consultas oficiales en la comisaría «no excedía de las cuatro o cinco diarias».

El abogado del Estado explicó que, posteriormente, los policías ofertaban y vendían esta información, a través de terceras personas o por su cuenta, a empresas dedicadas a ofrecer estudios de solvencia de solicitantes de crédito o deudores, una actividad por la que los imputados cobraban.

Según consta en el escrito de acusación, para realizar algunas de sus transacciones los dos agentes se pusieron en contacto con Miguel M.H., policía local de Premià de Mar y con su mujer, Rosa V.S., quien gestionaba una empresa de información de solvencia y datos registrales y que actuaron como intermediarios, igual que la cuñada de uno de los dos policías, Carmen G.F. Según los datos recogidos en el Centro de Proceso de Datos de El Escorial, entre los meses de enero y mayo de 1999, se hicieron un total de 40.215 consultas.