Durante la vista oral, Villén aseguró que la hija del escritor, Felisa Unamuno, le donó estas cartas en 1969 para su transcripción, catalogación y ordenación con vistas a la edición de las obras completas del escritor.

El procesado también apuntó en el juicio que, al final del mismo año y una vez que había terminado su trabajo, se dirigió a Felisa Unamuno para devolverle las cartas, si bien la hija del escritor le habría pedido que se quedara con los escritos «por el afecto que me tenía y por haber trabajado tantísimo en la recopilación del trabajo de su padre».

El juez considera esta posibilidad como «absolutamente inverosímil», no sólo porque los herederos no podían disponer de las cartas al haberlas vendido ya al Estado, «sino porque las circunstancias que rodean a la citada correspondencia no lo hacen asumible desde el punto de vista racional».

En este sentido, la sentencia destaca que «el único dato de la relación de afecto y agradecimiento que Felisa Unamuno tenía a Manuel Villén es el testimonio de éste, que no ha aportado ningún elemento probatorio objetivo (una carta, por ejemplo) o subjetivo (la declaración de algún testigo) que pusieran de manifiesto esa relación».

Por este motivo, el juez asegura que «todos estos datos indican que la supuesta donación nunca existió y que Manuel Villén debió entrar en posesión de las cartas como consecuencia del proyecto de publicación de las mismas por la editorial en la que trabajaba, reteniéndolas posteriormente».

Historia de un culebrón

En 1967, el Consejo de Ministros aprobó un expediente por el que el Estado adquiría cartas y otros objetos que pertenecieron al autor de Niebla, un inventario que realizó la hija del escritor.

Las cartas objeto de discusión, entre las que se encuentran misivas dirigidas a Rubén Darío, Eduardo Marquina o Menéndez Pidal, no se incluyeron en este catálogo ya que la hija «quería consultar con sus hermanos si se publicaban o no», si bien el juez considera que «actos posteriores revelan que dichas cartas fueron objeto de transmisión al Estado».

Por otra parte, el juez ha analizado que las cartas se encontraban con anterioridad a la venta en dependencias de la Universidad de Salamanca y, tras la compra por el Estado, permanecieron en el mismo lugar hasta que fueron entregadas para su publicación. Señala también que «no existe ningún acto de la Administración del que pueda deducirse que las cartas dejaron de estar adscritas al servicio de Cultura».