«Tengo una sensación doble. Me alegro por la familia y los amigos, que pueden verse reforzados, pero personalmente no me alivia», señaló a Efe uno de los principales implicados en la mayor operación contra el dopaje en España, que privó a 54 corredores de ejercer su profesión.

Con estas palabras, Saiz hacía las primeras valoraciones desde que fuera detenido el pasado 23 de mayo, junto a los doctores Eufemiano Fuentes y José Luis Merino Batres, el técnico Ignacio Labarta y el ex corredor de bicicleta de montaña Alberto León. «Hasta que no me reúna con mis abogados, no quiero dar opiniones», señaló sobre una decisión judicial ante la que cabe recurso.

El preparador fue absuelto por el juez Antonio Serrano, junto al resto de imputados (los cinco detenidos, el director Vicente Belda y los médicos Yolanda Fuentes y Alfredo Córdova), al entender que no se puso en peligro la vida de los corredores y que no se les puede castigar por un delito no tipificado cuando se inició el proceso de instrucción.

«Hay muchos daños colaterales, y que no se pensara antes en ellos es lo más grave. La gente sólo piensa en los corredores que se han quedado en el paro, pero hay mucha más gente. No sólo se han ido dos equipos [Liberty y Comunidad Valenciana], sino dos empresas, y eso implica mecánicos, masajistas, secretarios...», apuntó Saiz.

Belda.

Otro imputado, Vicente Belda, también se refirió a la decisión del juez. «Ha habido una vulneración total de los derechos de cualquier ciudadano español». El ex director del Comunidad Valenciana criticó con dureza el tratamiento del caso. «Se nos ha hecho un juicio paralelo. Se nos ha maltratado y el daño es sobre todo cuando aparece en medios de comunicación y llega a la sociedad. Ahora, ese daño es irreparable».

Otras voces apuntaron hacia el cierre en falso del proceso. El ex ciclista Jesús Manzano, quien se presentara como acusación particular, calificó el sobreseimiento como «un cachondeo». «Hay justicia para castigar a los pobres y no a los ricos. Cuando hacen una operación policial en la que encuentran hemoglobina, EPO y otras cosas, nadie me puede decir que eso no es peligroso para la salud. La hormona del crecimiento acelera el cáncer, por ejemplo».

Los organizadores de grandes vueltas señalaron al corazón del problema. Víctor Cordero, director de la Vuelta a España, calificó de «extraña» la decisión del juez. «El problema no se arregla por el archivo del procedimiento. El problema sigue y hay que solucionarlo. Al ciclismo se le ha hecho mucho daño, sobre todo en cuanto a credibilidad. No debemos meter la cabeza bajo el ala».

Por su parte, el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, se preguntó «para qué ha servido todo esto». En declaraciones a L'Equipe, Prudhomme se mostró duro con los detenidos. «No puedo imaginar volver a encontrar en el ciclismo a los cinco que cogieron con las manos en la masa». En el mismo foro, la UCI señaló que irá «hasta el final» para buscar responsables.

La decisión del juez también tuvo ecos en la arena política. Así, el Grupo Popular anunció que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique los pormenores del macroproceso, que fue alentado desde el CSD.