El sector inmobiliario pierde fuelle. Así se desprende del descenso en el volumen de transacciones de inmuebles detectado en los últimos meses por los registradores de la propiedad. «Empieza a haber descensos en la titulación de viviendas en los grandes núcleos poblacionales del interior peninsular, concretamente en Madrid, y en la costa mediterránea», indicó ayer el decano presidente del Colegio de Registradores, Eugenio Rodríguez Cepeda, en un jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
Los datos confirman la desaceleración de las ventas, tendencia que, a juicio de Rodríguez, proseguirá en los próximos ejercicios. En su opinión, la oferta de los últimos años -en 2006 se visó la cifra récord de 860.000 casas- es insostenible. El mercado ha exprimido la generación del baby boom de la década de los 60, y ni los inmigrantes ni los inversores extranjeros serán suficientes para mantener el ritmo de producción. «2006 marcó una cima en lo que a construcción y venta de viviendas se refiere, que no podrá ser igualada en 2007», pronosticó.
Este retroceso en la comercialización de viviendas, a su entender, estancará los precios para que las promotoras e inmobiliarias puedan sacar al mercado la sobreoferta de inmuebles. En esta misma línea apunta el último barómetro inmobiliario elaborado por la consultora CB Richard Ellis. El consejero director general del área de Capital Markets de la consultora, Adolfo Ramírez-Escudero, opinó que la «corrección» se podrá «digerir» con aumentos de precios ligeramente superiores a la evolución del IPC, en combinación con un descenso de la producción de viviendas, informa Efe.
Sobre la oferta de vivienda usada, el responsable de la consultora aseguró que el mercado residencial de segunda mano suele «resistir bien los ajustes» de mercado, sin que se lleguen a producir caídas de precios.
El alto coste al que cotiza el metro cuadrado y las subidas de los tipos de interés está retrayendo las ventas, según la opinión de los expertos. Esta combinación ha aumentado el endeudamiento de los hogares españoles hasta límites insospechados que el Gobierno pretende atajar con la reforma de la ley hipotecaria. El objetivo del Ejecutivo es el de facilitar el cambio de las hipotecas referenciadas a tipo variable (más del 90% del total) a fijo y proteger el presupuesto de las familias de nuevos encarecimientos del precio del dinero.
Esta reforma, sin embargo, necesita algunas mejoras, según el Colegio de Registradores. Y dudan de que resulte efectiva para cumplir con los objetivos planteados por el Ministerio de Economía. «No va a favorecer el cambio de hipoteca de tipo variable a fijo», apuntó Rodríguez Cepeda en relación a la normativa. «Al final, el cliente lo que mira es lo que le sale a pagar a fin de mes. Temo que no se va a invertir la tendencia», se lamentó. Las entidades financieras, según este colectivo, tampoco están interesadas en estas reformas, ya que «amarran a ambas partes».
Según el Colegio de Registradores, el mayor avance del proyecto de ley son los cambios para el mercado secundario, que es aquel en el que las entidades consiguen los recursos para prestar a sus clientes y financiarles la adquisición de viviendas.
El decano también se refirió a la futura Ley del Suelo, en trámite parlamentario. Estos profesionales esperan «poco o nada» de la norma, «ya que nace mutilada por la distribución competencial de España».
Rodríguez Cepeda afirmó que «el urbanismo se hace de manera muy fragmentada» en España debido a las competencias exclusivas de los ayuntamientos en esta materia. Este reparto da lugar a «situaciones grotescas» como algunos ayuntamientos de pueblos sólo habitados en verano que se reúnen una vez por semana y «hacen urbanismo».
El representante de los registradores cree que la normativa «puede dar de sí muy poco» en materia de valoraciones. «Parte de una premisa equivocada: la valoración de las fincas por el rendimiento económico derivado de su situación de cultivo», explicó. Rodríguez dijo que hay terrenos próximos a las ciudades que no se cultivan. Y auguró que en las expropiaciones «los tribunales buscarán un resquicio para aplicar los valores más próximos a los reales».