M. LUISA ATARÉS
MADRID.-
El próximo 27 de marzo acaba el plazo legal para que los Ministerios de Industria y Cultura determinen los equipos, aparatos y soportes de audio, vídeo y reprografía que pagarán canon digital, así como las cantidades aplicables a cada uno de ellos. Sin embargo, resulta poco menos que imposible que respeten esa fecha ya que aún no han remitido su dictamen a los responsables de Economía y Hacienda ni al Consejo de Consumidores y Usuarios, y la nueva Ley de Propiedad Intelectual exige la consulta previa a ambos organismos que deben contar con 15 días para manifestar su opinión.
Las industrias afectadas por el polémico impuesto digital sospechan que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero alargará los trámites y no anunciará los términos del nuevo canon hasta después de las próximas elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo. Un retraso que no afectará a la recaudación de las sociedades de gestión de derechos de autor, ya que presumiblemente la medida tendrá carácter retroactivo. Pero que quita tensión al clima preelectoral.
El ministro de Industria, Joan Clos, señaló ayer que el Gobierno «intentará» buscar una salida al canon digital después del fracaso de fabricantes y la SGAE de llegar a una solución pactada. Pero eludió concretar ninguna fecha. Clos habló de «arbitrar» ese conflicto para encontrar «una solución lo más justa y proporcional posible» informa Daniel Cordero, si bien sostuvo que la salida que dé el Ejecutivo «quizás no sea del gusto de todos, aunque esperamos que se acerque lo más posible».
El canon digital busca compensar a los autores del daño que produce la copia privada. Un daño que admiten las empresas de electrónica y comunicaciones, «siempre que se valore en su justa medida, sin distorsionar el mercado y sin pretender que el canon resuelva los problemas de la piratería», recordó ayer el presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec), Martín Pérez. Así, los fabricantes admiten pagar una tasa que no supere el 3% del precio de sus productos y piden que se exima del impuesto a empresas y organismos públicos, a impresoras domésticas y faxes, «prácticamente inútiles para copiar libros», y solicitan que, para móviles y cámaras digitales, el canon sea testimonial.
Las paradojas del móvil
Tras la conexión Bluetooth, deseada por el 39% de los usuarios, la característica más deseada por los españoles para sus móviles es la posibilidad de escuchar música en MP3, según un reciente estudio de TNS Global Technology Insight. Esta conclusión de TNS apoya la idea de que los teléfonos son cada vez más un soporte empleado para grabar y reproducir música o imágenes. Sin embargo, como explica Cyrille Thivat, director de contenidos de la compañía Jet Multimedia dedicada a la oferta de contenidos para móviles, «el 11% de precio de venta de cualquier descarga va directamente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)». De lo que podría concluirse que los derechos de autor en estos casos ya están protegidos y remunerados.
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