Actualmente, el umbral para comunicar una participación en una compañía cotizada se establece en el 5%, un porcentaje muy elevado, en opinión de los analistas, sobre todo para las grandes empresas. Así, por ejemplo, los inversores no saben quienes son los accionistas de Telefónica con entre 3% y el 5% del capital. Una información fundamental, debido a lo muy repartido que está el accionariado de la compañía.

El proyecto elaborado por el Ministerio de Economía establece que los accionistas o entidades financieras depositarias tendrán que comunicar las adquisiciones o ventas a partir del 3%, y siempre que rompan los siguientes tramos: 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, 50% y 75%. Esta información se hará pública en el mencionado plazo de cuatro días frente a los ocho que hay con la actual normativa.

Además, las comunicaciones a la CNMV deberán de ser mucho más completas que actualmente. Además facilitar el nombre del inversor se dará a conocer con qué derechos de voto cuenta en la compañía tras la nueva adquisición o venta, así como toda la cadena de posibles entidades controladas a través de las cuales se ejercen los derechos a voto.

El decreto también obliga a una mayor transparencia de los movimientos que lleven a cabo las empresas cotizadas con sus propias acciones. Como sucede ahora, las compañías deberán de comunicar al organismo supervisor presidido por Manuel Conthe siempre que la autocartera alcance el 1%. El cambio viene en las desinversiones. Actualmente, las sociedades no están obligadas a dar a conocer las reducciones o ventas de títulos propios. Sin embargo, con la nueva normativa, las empresas que tengan una autocartera superior al 1% deberán de hacer públicas las ventas de acciones que lleven a cabo.