Los ex policías, condenados en 1998 por el secuestro de Segundo Marey y con anterioridad por otras acciones de guerra sucia contra ETA, volvieron ayer al banquillo de los acusados junto a sus esposas, María Angeles Acedo y Alicia Sánchez.

En caso de un fallo condenatorio, los cuatro deberán hacer frente de forma solidaria a la responsabilidad civil derivada del delito de malversación de fondos públicos del que son acusados el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera -que habría ordenado los pagos- y tres de sus antiguos subordinados -que habrían participado en las entregas del dinero-: Juan de Justo, secretario personal del número dos de Interior; el policía Aníbal Machín y el coronel de la Guardia Civil Félix Hernando, hoy responsable de la Unidad Central Operativa.

El fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol pide siete años de prisión para Vera, cuatro para De Justo y dos para Machín y Hernando. No exige responsabilidad penal a Amedo, Domínguez y sus esposas, pero el efecto directo de una eventual condena de sus compañeros de banquillo sería que las dos parejas perderían los 200 millones de pesetas que desde 1991 se encuentran depositados en cuentas abiertas en Suiza por las dos mujeres.

Aparte de ese dinero, que está embargado por la Justicia, Amedo, Domínguez y sus cónyuges también tendrían que devolver al Estado los 59,4 millones de pesetas que Acedo y Sánchez recibieron en pagos mensuales desde agosto de 1988 (un mes después de que sus maridos ingresaran en prisión) hasta enero de 1994 (cuando Vera cesó como secretario de Estado).

No es, por ello, de extrañar que el abogado de los dos matrimonios, Jorge Manrique, actuara ayer como ardoroso defensor de todo el banquillo, denunciando la «falta total y absoluta de garantías» del proceso, que arrancó con unas declaraciones de Acedo y Sánchez prestadas «en secreto» y «jamás sometidas a contradicción», dijo.

Alicia Sánchez y María Angeles Acedo comparecieron en la Audiencia Nacional el 28 de diciembre de 1994 y el 11 de enero de 1995 para contarle al juez Garzón cómo Vera encargó a sus tres subordinados la materialización de unos pagos cuya finalidad era «comprar el silencio» de Amedo y Domínguez para que no delataran a los mandos de Interior implicados en los GAL, entre ellos el propio Vera.

Las mujeres no sólo hablaron. También entregaron al juez varios sobres en los que recibieron pagos mensuales y el maletín que les dio De Justo con los últimos 50 millones a ingresar en las cuentas suizas.

Nadie planteó la devolución del dinero hasta que en 2005, a petición del fiscal, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que heredó la causa tras su desglose del caso GAL, declaró a las dos parejas responsables civiles.

Ello explica que ayer, en la primera sesión de la vista oral, Manrique lanzara una batería de cuestiones previas para sostener que las declaraciones de sus clientas «carecen de virtualidad probatoria» porque Garzón «no salvaguardó las garantías» al no avisarlas de que podían no declarar contra sus maridos y de que corrían el riesgo de acabar todos como responsables civiles.

El defensor abogó por la nulidad de todo lo derivado de esas declaraciones -«incluidos los documentos, veraces o inveraces, entregados»- y reprochó al fiscal haber creado «torticeramente» un «híbrido procesal» para dirigir el proceso contra sus clientes como responsables civiles.

Rodríguez Sol respondió punto por punto en una templada y sólida intervención en la que argumentó que los cuatro beneficiarios de los pagos deben estar en el proceso como responsables civiles precisamente para respetar sus derechos, es decir, para que los bienes de que son titulares formales no puedan ser decomisados sin oírles.

En respuesta a las cuestiones previas planteadas por Manuel Cobo del Rosal, defensor de Vera, el fiscal rechazó que éste no pueda ser juzgado al haber sido sometido ya a otros dos procesos por el mismo delito de malversación de fondos. «Es insoslayable que Vera explique su relación con estos hechos, que nunca han sido juzgados», afirmó Rodríguez Sol.