Las denuncias, recogidas en un informe realizado por un grupo de expertos enviado por la ONU a Sudán, culpan también al Gobierno de Jartum de realizar una «violenta campaña de contrainsurgencia» contra los civiles, en medio de un conflicto armado que ha causado 200 000 muertos y desplazado a dos millones de personas.

La misión de la ONU, encabezada por el activista estadounidense y Premio Nobel de la Paz de 1997 Jody Williams, denunció ayer en Ginebra la connivencia entre las fuerzas gubernamentales y las milicias yanyauid al perpetrar violaciones de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales.

«Matanzas, ataques y violencia sexual son frecuentes en esta zona situada al oeste de Sudán. Además, las torturas continúan, lo mismo que las detenciones arbitrarias, la represión de los disidentes políticos y las restricciones arbitrarias de las libertades políticas», criticó el informe. Williams que presentó las conclusiones de su misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), que inició ayer en esta ciudad suiza su sesión de primavera, lanzó un llamamiento a la comumunidad internacional para que defienda a los civiles de este país.

El informe advierte de que, debido a la inestabilidad de la situación, las actividades de las organizaciones humanitarias se han restringido de manera preocupante y, lo que aún es más grave, tanto los trabajadores humanitarios como los observadores internacionales son frecuentes objetivos de los ataques.

«Sudán debe cesar los ataques contra civiles en Darfur y desarmar a las milicias yanyauid, que deben reintegrarse en la sociedad civil. Por su parte los rebeldes deben respetar estrictamente la legislación internacional de derecho humanitario y tomar las medidas necesarias para distinguirse de los civiles», precisó el documento.

En diciembre una sesión especial del CDH decidió enviar a Sudán esta misión pero debido a que el Gobierno negó los visados, a pesar de la intervención personal del presidente sudanés Omar Bechir, los trabajos de los expertos se llevaron a cabo desde Adis Abeba. Los expertos se vieron obligados a evaluar la situación desde el exterior, visitando campamentos de refugiados situados al este de Chad y consultando documentos relacionados con el conflicto.