El Departament d'Economia i Finances no cuenta con conseguir muchos ingresos gracias a la medida, que es una adaptación técnica a las bases de funcionamiento fijadas por la CNMV. La memoria de impacto económico los fija en 42.000 euros anuales, si bien esa cifra dependerá del número de compañías que asalten la Bolsa en el futuro y el valor total que salga a cotizar, aunque con dos límites concretos. En el caso de emisiones de renta variable, el máximo gravamen será de 20.400 euros, mientras que para operaciones en renta fija se aplicará una cuota de 9.180 euros.

La ley que acompañará a los Presupuestos de 2007, que llegarán tarde a causa de las elecciones autonómicas del pasado uno de noviembre, ofrece pocas novedades fiscales, como ya sucedió con la que le precedió en 2006. Una de las medidas estrella que intenta publicitar el Govern es la reducción del Impuesto de Actos Jurídicos y Documentados y que, sobre todo, afecta a la constitución de hipotecas. El tipo impositivo se reduce a la mitad y pasa del 1% al 0,5% en el caso de los menores de 32 años que adquieran una vivienda o modifiquen préstamos hipotecarios, siempre que la base imponible total en su última declaración del IRPF no exceda los 30.000 euros.

En ese sentido, el Govern también ha introducido una novedad que prevé beneficiar a las pymes a través de la reducción del 0,3% al 0,1% el tipo impositivo sobre los documentos notariales que formalicen la constitución de sociedades de garantía recíproca en Cataluña. Éstas se utilizan como intermediarias para la obtención de recursos financieros para las pequeñas y medianas empresas.

Pese a la amplitud del anteproyecto, el texto tiene básicamente como objeto la adaptación de la fiscalidad autonómica a la modificación de la Ley del IRPF básico, que ha entrado en vigor este año y a cambios en el canon del agua. Las tasas subirán en 2007 al mismo ritmo que el objetivo de inflación, un 2%, y se cumple así el compromiso del conseller Antoni Castells de no incrementar la presión fiscal de los catalanes.

El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha solicitado asimismo una modificación sobre la Ley de Prestaciones Sociales que aprobó el año pasado. Como otras comunidades autónomas, restringe las ayudas de la norma a ciudadanos que lleven residiendo en Cataluña un mínimo de 5 años. De otra forma, será inútil que reclamen las subvenciones.

Otras de las medidas anunciadas en el borrador son la refusión de la Ley de Cajas de Ahorro en el plazo de un año para integrar todas las modificaciones aprobadas en los últimos años y dar libertad al Govern para reestructurar el Ejecutivo sin necesidad de hacerlo a través de «normas con rango de ley». Asimismo, el Govern ofrecerá al Departament d'Economia un nuevo sistema de tesorería que le permitirá controlar la gestión de los recursos del conjunto del sector público catalán.