JON RIVAS
La Operación Puerto solivianta más en Francia que en España. Es normal. Las investigaciones de la Guardia Civil despojaron de figuras la pasada edición del Tour, el escándalo se montó en vísperas de la carrera más importante de la temporada y ahora no comprenden por qué el juez Antonio Serrano ha decidido archivar el asunto por ausencia de delito, ya que, en el momento de saltar el escándalo que afectó a varios equipos y más de 50 ciclistas, en España no se había aprobado aún la Ley Antidopaje y, por tanto, sólo se podía imputar a los implicados en el caso un delito contra la salud, algo que el juez ha desestimado.
En vísperas de la París-Niza, se produjeron las primeras declaraciones en territorio francés. Todas venían a decir lo mismo: «Tanto ruido para nada». De la misma forma se expresaban varios de los afectados por la operación antidopaje iniciada hace casi un año. Se montó, incluso, un minuto de silencio como protesta por la decisión judicial, patrocinado por la asociación de equipos ciclistas.
Jesús Manzano, personado como acusación particular en el proceso, señaló que la decisión era «un cachondeo» y abundó en la tesis, desmentida por su ex abogado, de que había recibido una importante oferta económica para retirar su demanda.
Ayer, el ministro francés de Deporte, Jean-François Lamour, adelantó sus deseos a la realidad y aseguró a varios medios de comunicación de su país que el secretario de Estado para el Deporte español, Jaime Lissavetzky, le había confesado que su departamento tenía pensado recurrir la decisión del magistrado. «Vengo de hablar con él y me lo ha comunicado», decía Lamour -que también es vicepresidente del AMA, la Agencia Mundial Antidopaje- a France Presse, al salir de una reunión de ministros europeos de Deporte, celebrada en Stuttgart.
Sin embargo, el propio Lissavetzky se encargó, minutos después, de matizar la rotunda afirmación del ministro francés ya que, afirmó, su Secretaría de Estado está analizando en estos momentos con los abogados del Estado el auto del juez para pronunciarse sobre la idoneidad de presentar un recurso. El plazo para hacerlo ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, finaliza mañana jueves y aún no hay una decisión al respecto.
Mientras la Unión Ciclista Internacional quiere llegar al fondo de la cuestión y las partes deciden sobre el posible recurso, el Partido Popular ya ha solicitado la presencia en el Congreso del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, para que explique en detalle las consecuencias que acarreará el archivo judicial. Según el portavoz del grupo popular, «lamentablemente, la operación sólo tiene imputada a una persona, en otro sumario, pero es, nada más y nada menos que un teniente de la Guardia Civil». El jueves, a la hora de cierre de los juzgados, se sabrá si, definitivamente, la Operación Puerto es historia.
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