JOSÉ CONTRERAS
CADIZ.-
Delphi se comprometió ayer a pagar las nóminas de marzo y abril a los trabajadores de la planta de Puerto Real (Cádiz), pero reiteró que seguirá «un proceso ordenado y acorde a la legislación para resolver el cierre de la planta». Así lo comunicó la dirección de la multinacional estadounidense en un comunicado en el que insiste en que todas las partes «continúen reuniéndose para seguir con el diálogo, en vista de que los limitados recursos de Delphi están reduciéndose rápidamente».
La compañía, que fabrica componentes de automóviles, se comprometió, no obstante, a seguir con la producción mientras haya pedidos. Ambos compromisos no agradaron del todo a los sindicatos y a las auridades políticas andaluzas.
Según fuentes empresariales, la sociedad dispone en estos momentos de unos 21 millones de euros hasta la clausura de la planta, algo que parece inevitable y que podría suceder legalmente en un plazo de dos meses y medio, casi coincidiendo con las elecciones municipales, que se celebrarán el 27 de mayo.
El presidente del consejo de administración de la sociedad gaditana, Gonzalo Herrera; el presidente su comité de empresa, Antonio Pina; los técnicos de la consultora KPMG España y el delegado provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Bouza, evitaron ayer mencionar en su primer encuentro una palabra: cierre.
Pero el concepto estuvo presente en las dos horas del primer cara a cara de las partes tras el anuncio de cierre de las tres divisiones de Delphi en Puerto Real. «Dice Juan Bouza que ésto es una mesa de diálogo, opinión respetable, pero un minuto después de iniciarse la reunión estábamos igual que un minuto después de terminarla. A efectos prácticos es como si no hubiera existido; que nos hubieran mandado los documentos y punto. No ha habido nada más, sólo información y nada nuevo», según Isidro Jiménez, secretario general de CGT-A en Delphi.
Delphi informó de que en el encuentro «revisaron la situación financiera, legal y comercial» del grupo y reiteró que Puerto Real ha incurrido en pérdidas operativas significativas durante los últimos cinco años (150 millones de euros), además de sufrir altos costes y ser «incapaz de atraer nuevos contratos de negocios de manera competitiva».
IU y el PP exigieron ayer a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad al no haber dispuesto planes alternativos o soluciones a la crisis industrial de Delphi. Ignacio García, parlamentario de IU-CA por Cádiz, afirmó que la Junta está sirviendo al «desmantelamiento del Estado, al inhibirse de temas que afectan directamente a los ciudadanos».
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