Ambas posiciones avanzan en paralelo y sin la más mínima posibilidad de encontrarse. Ayer fue en la Comisión de Interior del Congreso, durante la comparecencia del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba por la situación de De Juana; por la tarde, en el Pleno por Batasuna y, en los próximos días, en las calles de Pamplona, por el futuro de Navarra.

El enfrentamiento dialéctico incluye acusaciones como ésta del portavoz del PP, Eduardo Zaplana: «Con Zapatero ETA manda y el Gobierno se pliega». Y ésta del ministro Rubalcaba: «Para el PP es más urgente sustituir al Gobierno que acabar con ETA».

Sólo coincidieron en la acusación mutua de que ambos debilitan al Estado: los unos porque ceden ante ETA y los otros porque utilizan la política antiterrorista como arma electoral.

El Gobierno tuvo el respaldo de todos los demás grupos parlamentarios, en un debate agrio en el que Rubalcaba y Zaplana se sacudieron con excarcelaciones, decisiones sobre política antiterrorista, la eterna discusión sobre el 11-M y hasta lo que hicieron los gobiernos de Felipe González con los GAL. Nunca antes se habían aireado en público tantos detalles sobre lucha antiterrorista y con tanta virulencia.

Rubalcaba hizo una intervención muy larga con dos partes: una sobre la historia de la política penitenciaria y otra sobre el caso concreto de De Juana Chaos.

Con la primera pretendía demostrar que cuando el PP gobernaba, hiciera lo que hiciera, nunca recibió reproches de la oposición y, mucho menos, movilizaciones en la calle o censuras en el Parlamento. O sea, que ahora los populares responden con desmesura a una decisión legal del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En la segunda parte de su intervención apoyó la concesión de la prisión atenuada en tres pilares: la ley, avalada por la Junta de Tratamiento, la Fiscalía y la Audiencia Nacional; la obligación de salvar vidas -«empezando por la de De Juana»-, lo que incluye «evitar la muerte de los que matan» y, por último, la intención de «evitar males mayores» que «estimulen el odio y el enfrentamiento social con mártires e iconos».

Expresamente, el ministro dijo que la decisión no tiene nada que ver con el proceso de paz, porque éste lo rompió ETA con la bomba de la T-4 del 30 de diciembre: «Quien busque en esta decisión cualquier relación con el denominado proceso de paz, roto por ETA, se equivoca. La hemos adoptado después de que ETA haya roto la tregua y la hubiéramos adoptado también antes de la ruptura».

«Desmontar el chantaje»

Para rebatir la acusación de cesión a un chantaje se apoyó en las decisiones de la Junta de Tratamiento de la cárcel, la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional. Añadió que el etarra, cuya salud era muy grave, planteó un desafío para optar entre estar «libre o muerto» y el Gobierno optó por «desmontar el chantaje al hacerle cumplir el resto de condena, pero vivo». Dijo que tomó la decisión de conceder la prisión atenuada cuando el etarra «se arrancó la sonda cuatro veces y los médicos dijeron que podía caer en picado».

En su mirada al pasado, repasó la actuación penitenciaria de los gobiernos del PP en la que, por ejemplo, se permitieron beneficios penitenciarios extraordinarios a los etarras por actividades como libros que hacían apología del terrorismo, punto de cruz o ganchillo y por enfermedades como desviación del tabique nasal.

De hecho, reiteró que en 2004 el Gobierno del PSOE emitió una circular que limitó beneficios penitenciarios -a De Juana le quitaron 175 días de remisión de condena- para poner orden al «desbarajuste, caos consentido y desidia» de la etapa del PP. Su tesis es que, a pesar de ello, el PSOE no hizo oposición nunca sobre este tema, ni lo denunció en 2004 cuando se lo encontró así y lo cambió: «Las reticencias se las hubiéramos dicho en un despacho, pero no hubiéramos sacado a la gente a la calle».

Explicó que no buscaba precedentes de decisiones penitenciarias bajo presión de huelga de hambre, pero sí de actuaciones dudosas o anuladas luego por los tribunales y que no tuvieron el reproche de la oposición.

Destacó que en la legislatura en la que menos muertos hay de ETA es cuando más se discute sobre terrorismo, porque, según dijo, el PP no encuentra otro asunto sobre el que hacer oposición.

«Cuanto más cerca del final, más confrontación hay», aseguró tras admitir que después de ocho años de Gobiernos del PP, ETA estaba más debilitada que nunca. El matiz que añadió es que «en estos años sólo se ha fortalecido la extrema derecha». Recordando el título de una película, Rubalcaba le dijo al PP: «Ustedes llevan tres años buscando desesperadamente a ETA» y le imputó «addicón a la mentira».

Zaplana le siguió en la mirada al pasado y hasta se fue mucho más allá, porque se remontó a la etapa de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, en los años 80, para concluir que «los socialistas no creen en la ley y el Estado de Derecho y o montan los GAL o se ponen a negociar con los terroristas».

El portavoz del PP aseguró que respalda la gestión de los tres ex ministros del Interior de su partido y la contrapuso a la de los socialistas que terminaron con un ministro y un secretario de Estado condenados por secuestro, un gobernador civil convicto de asesinato, varios encarcelados por malversación, etcétera.

«Mintieron con Felipe González para mantenerse en el Gobierno, mintieron con el Gobierno del PP para recuperarlo y ahora vuelven a mentir para mantenerse en el poder», aseguró.

Su tesis es que la decisión sobre De Juana es una cesión más como la ocultación de los actos de violencia, de la extorsión, el blanqueo de los terroristas, el calificarlos de «hombres de paz», el permitirles comparecer a las elecciones y hacer actos públicos, entre otros. Es decir, la tesis que expuso Rajoy en el Pleno del Congreso, según la cual «si no hay bombas es que hay cesiones» y como ahora no hay atentados, según él, es obvio que se concede a los terroristas lo que piden. Las dos siguientes cesiones, según el PP, serán Navarra y la presencia de Batasuna en las instituciones.

Rubalcaba le respondió que Navarra no se negocia, porque «será lo que los navarros quieran», según la Constitución y sobre Batasuna, el ministro afirmó que sería bueno que estuviera en las elecciones, siempre y cuando cumpla la ley, porque eso supondría «integrarles en la democracia».

Por contra, Zaplana argumentó que Zapatero hace todo eso -«se humilla ante los terroristas», dijo-, para mantener el proceso de paz, que nunca se ha interrumpido, pese a los muertos. «Ustedes no quieren incomodar a los de las pistolas» y «temían la hostilidad de ETA y eso es reconocer el chantaje», aseguró.

Todos los demás portavoces se sumaron a Rubalcaba en la crítica al PP, con el argumento casi unánime de que, en definitiva, la posición de los populares es consecuencia del 11-M, de haber mentido, de haber perdido las elecciones y de haber creado teorías que se han venido abajo, siempre según su versión. «Éste sólo es un episodio de una batalla que empezó el 14-M», le dijo alguno de ellos.