Así, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, indicó que la concesión del segundo grado penitenciario a De Juana «ha sido jurídicamente correcta» ya que supone «una aplicación normalizada de la ley para resolver un dilema complejo».

Frente a ello, sostiene que «el PP se está convirtiendo en un partido antisistema» que cuestiona incluso decisiones del Tribunal Supremo y citó al Nobel portugués José Saramago para concluir que al PP «le importa muy poco la violencia o la paz, le importa excesivamente el poder». «Cuando se difumina la teoría de la conspiración del 11-M, el PP vuelve a mirar a Euskadi para sacar votos», dijo.

En la misma línea, la diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, reprochó al PP que no tenga en cuenta los «datos objetivos», como el respaldo que han dado a Interior tanto los médicos como el Ministerio Fiscal y el juez de Vigilancia Penitenciaria.

A su juicio, la actitud de los populares tiene su origen en un intento por «ocultar sus errores» en el 11-M y por «tapar» el fracaso de la teoría de la conspiración con una manifestación celebrada el día antes del tercer aniversario.

El portavoz de los diputados de ERC, Agustí Cerdà, elogió la decisión de Interior como «valiente» y «la mejor que se podía tomar» y aconsejó no seguir «crispando a la sociedad». «Sería bueno que el PP volviera al diálogo, a la libertad y a la democracia», sentenció.

Animó al Gobierno a «mantener el rumbo trazado» en la moción que aprobó el Congreso en mayo de 2005 a favor de un fin dialogado del terrorismo sin precio político y previo abandono de la violencia.

Desde IU, Gaspar Llamazares, avaló la medida, entre otras cosas porque, al igual que las que puso en marcha el PP cuando gobernaba, se ajusta a la ley. Además, acusó a los populares de «mentir» cuando hablan de excarcelación, de cuestionar, «actuando únicamente con las vísceras», la legitimidad del Ejecutivo para dirigir la política antiterrorista y de haber querido «boicotear» el último intento de acabar con ETA, como si sólo la derecha estuviera «legitimada» para hacerlo.

A su juicio, el PP ahora «se siente cómodo en la calle» porque está en minoría en el Congreso. «Espero que ya no me llamen pancartero, aunque yo ahí tengo una plaza en propiedad y ustedes sólo están interinos», apuntó, provocando risas.

Francisco Rodríguez, del BNG, respaldó también «por motivos de legalidad y humanitarios» la medida adoptada por Interior al considerarla «justa» y alejada de la «ley del talión».

También CiU, a través de su portavoz de Interior, Josep María Guinart, cargó contra la actuación del PP por «instrumentalizar» el terrorismo y las víctimas «con fines electoralistas», y avisó de que «por la vía de la crispación, la confrontación y la desunión, este país nunca va a acabar con la lacra del terrorismo».

Aunque criticó al Gobierno por «no prever, planificar y ejecutar mejor» la comunicación de esa decisión, insistió en denunciar «la actitud provocadora y oportunista» del PP, que provoca «una situación decadente, degradada y desprestigiada» en la política: «Dios nos libre de mesianismos salvadores de la patria», proclamó, reclamando diálogo entre los dos grandes partidos.

Coalición Canaria, a través de Luis Mardones, otorgó a Interior «el beneficio de la duda» recordando que, conforme a la Constitución, la política penitenciaria es competencia del Gobierno. Del mismo modo, recalcó que De Juana es un etarra, «pero no es ETA», y que es necesario «enfriar» la actual polémica.

El portavoz socialista, Antonio Hernando, aseguró ayer que el PP llegó «tarde» y «a rastras» a la unidad contra el terrorismo y «se ha ido demasiado pronto, en cuanto han llegado a la oposición».

El diputado socialista deploró que «tuviera que morir una persona» -en referencia al asesinato, en noviembre de 2000, del ex ministro socialista Ernest Lluch- para que el PP, que inicialmente acogió con reservas la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero de firmar el Pacto Antiterrorista, «viniera a rastras» a la unidad.