A pesar de ello, a los tres detenidos -que ayer fueron enviados a la prisión de Seysses, en Toulouse- únicamente se les acusa de un delito de estragos, integración en organización terrorista y tenencia de explosivos. No en vano, el proceso previo a la detención de estos tres presuntos miembros de la banda terrorista ha sido más fatigoso de lo habitual. Telletxea Goñi fue arrestado a finales de 2001, condenado en 2003 a una pena de cinco años de prisión y excarcelado en 2005. Irastorza y Sagarzazu habían sido detenidos en San Juan De Luz y en Hendaya en 2002, pero el Tribunal de Apelación de Pau rechazó en 2003 las demandas españolas de extradición en su contra y ordenó su puesta en libertad.

El Gobierno español había pedido la extradición por su presunta relación con el asesinato, en 1994, del policía Eduardo López Moreno en la localidad navarra de Endarlaza, al explosionar un artefacto en el interior de un cuartel de la Guardia Civil abandonado. Sin embargo, una de sus presuntas compañeras de comando -hoy huida-, Iratxe Sorzabal, denunció haber recibido torturas tras su arresto, y la Corte de Pau, siguiendo la recomendación de la Fiscalía, rechazó la demanda española y anuló la orden internacional de busca y captura. Según argumentó esta institución, «no era posible despejar la duda» sobre que las declaraciones de Iratxe en las que se basaba la petición de extradición no hubieran sido obtenidas con «malos tratos», y se les dejó en libertad.

El pasado 18 de enero, la demanda por torturas fue archivada, se encontraron nuevas pruebas que no han sido especificadas y el juez Baltasar Garzón reeditó la orden de busca y captura internacional.

Por ahora, no hay pruebas de que ellos participasen en los asesinatos del policía Eduardo López Moreno, del ertzaina Ramón Doral y de Josefina Corresa, pero sí se les atribuye la colocación, en verano de 1995, de artefactos explosivos en la autovía del Mediterráneo a la altura de Sagunto, en la playa de esta localidad valenciana y en la autovía Valencia-Zaragoza. Pero al comando al que pertenecían también se le atribuye el lanzamiento de granadas contra el cuartel de la Guardia Civil de Ordicia (Guipúzcoa), la colocación de artefactos en los Palacios de Justicia de Pamplona, Vitoria y Gijón y la explosión de un coche bomba en las cercanías de la firma Bodegas y Bebidas Savin.

Como quiera que las detenciones fueron realizadas por orden judicial, los agentes no han podido registrar los domicilios de los detenidos y no se han podido incautar de documentación. Las Fuerzas de Seguridad siguen situando a los etarras de manera activa en la organización, pero desconocen si alguno de ellos tenía un puesto en la estructura de la banda o si habían recibido órdenes concretas para actuar.