Horas antes de su comparecencia de ayer ante la prensa, Gonzales aceptó la dimisión de su máximo asesor, Kyle Sampson, implicado directamente en la destitución de ocho fiscales federales ante las presiones de destacados militantes republicanos en otros tantos estados.

El nuevo escándalo ha puesto en la cuerda floja al controvertido fiscal general, miembro privilegiado de la camarilla de Texas de George W. Bush, que ya estuvo en el disparadero por su implicación directa en los métodos de interrogatorio en Guantánamo y en el programa secreto de espionaje telefónico. La purga de fiscales ha salpicado también al asesor de la Casa Blanca Karl Rove, que ha sido llamado a declarar en calidad de testigo en la investigación abierta por el Congreso. Rove pudo tener un papel determinante como enlace entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, donde todo el protagonismo recayó sobre Harriet Miers, ex asesora legal del presidente y candidata fallida de George W. Bush al Tribunal Supremo.

Según las investigaciones preliminares, a partir de decenas de e-mails entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, Miers llegó a sugerir la destitución de los 93 fiscales federales, pero tanto Rove como el dimitido Sampson cuestionaron la idea, siendo partidarios de una criba más selectiva. Miers dejó su puesto en enero pasado, por lo que la mayor responsabilidad política recae ahora sobre Alberto Gonzales.

La estrecha vinculación personal de los implicados con el inquilino de la Casa Blanca ha puesto también sobre el tapete la pregunta que le espera a Bush a su regreso de la gira por Latinoamérica: ¿Cuánto sabía el presidente de la purga política de fiscales? Dana Perino, portavoz de la Casa Blanca, reiteró ayer que la destitución de los fiscales generales el pasado mes de diciembre se debió a «razones basadas en su rendimiento» y no a motivaciones políticas.

Los demócratas aseguran sin embargo que las destituciones fueron urdidas desde la Casa Blanca y motivadas por las resistencias de los fiscales a los políticos republicanos que presionaron para abrir investigaciones por supuesto fraude electoral contra sus rivales demócratas.

La portavoz de la Casa Blanca ha reconocido que varios políticos republicanos le hicieron llegar a Bush su preocupación por la falta de celo de determinados fiscales a la hora de investigar el fraude electoral. Pero Perino insistió en que Bush no se implicó personalmente en el asunto.

Los e-mails entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia analizados por el Congreso demuestran que la lista de fiscales purgados llevaba dos años circulando. «Reconozco que hemos cometido errores y asumo las responsabilidades», admitió ayer Alberto Gonzales, quien dijo ayer que estaba dispuesto a «llegar hasta el fondo para averiguar lo que ha funcionado mal».

«Alguien le debe mostrar la puerta [a Gonzales]. Tenemos que acabar con la corrupción», afirmó el presidente de los demócratas, Howard Dean, cuyo partido ha pedido la dimisión del fiscal general dos veces en tres días.