Jueves, 15 de marzo de 2007. Año: XVIII. Numero: 6297.
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El TSJC permite videovigilancia en nueve urbanizaciones de Sitges por falta de policía
La comisión de control de videovigilancia apela a la alarma social y abre la vía a nuevas peticiones
CAROL ALVAREZ

BARCELONA.- La comisión de control de dispositivos de videovigilancia de Cataluña ha abierto la veda para que aquellos municipios que se sientan desprotegidos ante los frecuentes asaltos a viviendas de bandas violentas puedan instalar cámaras en las urbanizaciones.

La decisión, que supone un informe favorable a la instalación de diversos sistemas de videovigilancia de carácter fijo en nueve urbanizaciones del Ayuntamiento de Sitges, tiene por objeto «identificar vehículos y personas y prevenir y perseguir robos en las viviendas y daños a las personas y bienes», y se fundamenta en la alarma social generada por los robos violentos y en el déficit de policías.

Así, la comisión, que depende del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), dice apreciar en su informe «la notoriedad de la circunstancia que en los últimos tiempos se han producido en estas urbanizaciones diversos hechos delictivos, algunos de ellos muy graves, que han generado una notable alarma social».

El Ayuntamiento de Sitges propuso la instalación de cámaras de carácter fijo en las calles de acceso a las urbanizaciones Garraf II i les Terrasses, Rat Penat, Garraf Park, Montgavina, La Llevantina i Quint Mar, Vallpineda i Santa Bàrbara, así como una reja que cerrará las calles de acceso de las diez de la noche a las seis de la mañana.

El Ayuntamiento hizo constar en su solicitud, cuya respuesta sólo es vinculante en caso de informar en contra, que la dispersión del territorio de estas urbanizaciones «determina que no se disponga de los efectivos suficientes para poder cubrir su vigilancia de seguridad con presencia policial».

Además, el Consistorio informó al TSJC de las calles donde se instalarán las medidas de seguridad «tienen poca circulación y quienes circulan son los propios residentes».

Atendiendo a todas estas circunstancias, las medidas solicitadas por el Ayuntamiento de Sitges son, a criterio del TSJC, «idóneas, necesarias y proporcionadas en relación a la hipotética afectación de los derechos a la intimidad de las personas que se puedan ver identificadas en las imágenes».

Ayer mismo, las videocámaras ya estaban instaladas en el cruce de calles de acceso a las urbanizaciones.

Hasta ahora, las medidas de estas características de videovigilancia se habían fijado en zonas de elevada delincuencia de Barcelona por tratarse de calles turísticas y donde actúan los carteristas.Por ello, esta decisión es la primera que impulsa la instalación, a cargo del erario municipal, de cámaras fijas en urbanizaciones (la comisión no tiene competencia sobre las instalaciones de videovigilancia privadas).

El pasado mes de septiembre, cuatro individuos con pasamontañas robaron en una vivienda de la urbanización de Garraf Park tras maniatar al dueño, amenazar con un destornillador a su mujer.También en los últimos meses golpearon brutalmente a otro vecino con palos de golf para robar en su casa, y otra afectada logró hacer huir de su vivienda a un asaltante que iba armado con un cuchillo, hechos todos ocurridos en la zona ahora protegida.

Se da la circunstancia de que ayer mismo el alcalde de Sant Cugat (Barcelona), Lluís Recoder (CiU), se comprometió a presentar un plan de medidas para incrementar la seguridad ciudadana. Sant Cugat es otro de los municipios afectados por la ola de asaltos violentos, entre ellos, el asesinato del empresario Joan Alsina el pasado 2 de enero.

El alcalde, que no descarta instar medidas como las que ha impulsado el Ayuntamiento de Sitges, reconoció que el despliegue de los Mossos d'Esquadra el pasado 1 de noviembre ha aumentado la vigilancia policial en la zona, que «era precaria» antes de esa fecha.

Según el alcalde, aunque el Consistorio prevé continuar incrementando el número de efectivos de la policía local, que pasarían de los 83 actuales a los 94 en 2008, «la seguridad es un tema que depende del departamento de Interior», a quien hace años que el municipio «reclama más recursos», informa Efe.

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