«Asumiremos la incomodidad que el despliegue del Estatut pueda causar al Gobierno de España», aseguró Montilla dando un pasito más que en otras ocasiones, pues, hasta ahora, el presidente catalán ha evitado en la medida de lo posible crear conflictos a sus colegas socialistas del Gobierno central e, incluso, ha frenado la interposición de recursos contra leyes estatales como la de Dependencia a pesar de reconocer que invade las competencias de la Generalitat.

En lo relativo a este asunto, Montilla está entre la espada y la pared, ya que, por un lado, quiere poder presentar resultado a sus socios de Gobierno y al Parlament sobre el desarrollo de la nueva Carta Magna catalana, pero, por otro tiene que ser muy cauto para ahorrar problemas a José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo equipo no parece tener demasiada prisa en impulsar reformas como, por ejemplo, la de la financiación.

Tampoco quiere Montilla dar demasiados detalles sobre su plan de ruta para el caso de que el Estatut sufra recortes por parte del Tribunal Constitucional. Por las insinuaciones que ha hecho en otras ocasiones, es de suponer que el presidente ya tiene un plan B para aplicar en caso de que llegue a encontrarse en esta tesitura, consistente en impulsar una reforma de la Constitución.Sin embargo, ayer también eludió la pregunta que sobre ese supuesto plan B le formuló el líder de Ciutadans, Albert Rivera, durante la sesión de control parlamentaria.

Durante la sesión matinal, el Parlament rechazó, con los votos de todos los partidos a excepción del PP catalán y de Ciutadans, una propuesta del PP que planteaba la eliminación de las sanciones impuestas a comercios por tener rótulos en castellano. El grupo de CiU y los de PSC, ERC e ICV-EUiA, que habían presentado una enmienda a la totalidad a esta proposición de ley de modificación de la ley de Política Lingüística de 1998, rebatieron los planteamientos del PP catalán.

Todos estos grupos subrayaron que el PP quiere hacer creer que se prohíbe el uso del castellano en el ámbito comercial y que se coartan los derechos lingüísticos de los ciudadanos, al tiempo que criticaron la politización de la lengua que, a su juicio, promueve este partido.

En nombre de CiU, Carles Puigdemont aseguró que el PP quiere «politiquear» con la lengua y opinó que este partido está «atrapado en un bucle temporal», al tiempo que dijo que la propuesta del PP parte de una «falacia original» consistente en que el castellano se «persigue» en Cataluña. El diputado del PSC Francesc Boya remarcó la importancia de la diversidad lingüística e instó al PP a evitar la demagogia, mientras que el diputado Francesc Pané (ICV-EUiA) pidió al PP que no utilice las lenguas «como lanzas», informa Efe.

Además, el Parlament dio luz verde a la tramitación del proyecto de ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña al rechazar la enmienda a la totalidad de CiU, aunque tanto el Govern como la federación dejaron la puerta abierta para alcanzar un acuerdo futuro. El conseller d'Economia, Antoni Castells, criticó la voluntad de «sembrar confusión» de CiU, porque ya se sabe que el objetivo de esa ley no es crear la administración única, pues el Estatut no lo permite, argumentó.