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| Las falsedades no sólo se oponen a la verdad, sino que a menudo se contradicen entre sí (Voltaire) |
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| IMPRESIONES |
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| Medidas dudosas a causa de la alarma por la inseguridad |
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La reciente proliferación de asaltos a domicilios habitados, en los que se emplea contra las víctimas una especial violencia, ha generado una alarma social, mayor entre los propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o urbanizaciones alejadas de los centros urbanos, pero generalizada en Cataluña. La respuesta de las administraciones públicas ha sido abiertamente insuficiente, a juzgar por la aparición de sucesos en los que un propietario armado acaba con la vida de uno o más de los asaltantes, como en el denominado caso Tous, o el registrado hace tres meses en Sudanell. Ni la promesa de más efectivos ni la opción de algunos ciudadanos por el estilo del far West parecen haber disuadido a los delincuentes que han decidido especializarse en asaltar casas habitadas y agredir violentamente a sus moradores, hasta el punto de cometer brutales asesinatos como en el caso del empresario Joan Alsina, que murió degollado por sus asaltantes a primeros de año. Ahora la Comisión de Vídeovigilancia, que depende del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha autorizado a nueve urbanizaciones de Sitges a instalar cámaras enfocadas a la calle precisamente con el argumento de la elevada alarma social generada por los asaltos violentos. Hasta ahora sólo se autorizaban las vídeocámaras en grandes ciudades como Barcelona, para identificar a los autores de pequeños hurtos. Pero las decisiones siempre han sido cuestionadas porque la grabación de imágenes de lugares públicos por la Administración es de dudosa constitucionalidad, porque podría atentar contra la intimidad de aquellos que, no incurriendo en ilícito alguno, vean sometidas sus acciones al escrutinio de funcionarios públicos. Un debate que sería innecesario si los ciudadanos se sintieran seguros.
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