Según la Fiscalía, los hechos que se investigan pueden ser un delito contra la salud pública porque la sangre incautada en los registros domiciliarios debe ser considerada como «medicamento» y porque, definida como tal, dice, «la manipulación llevada a cabo incumple las exigencias técnicas relativas a su conservación». Sin embargo, el punto fuerte del recurso presentado reside en «la falta de diligencias esenciales para el completo esclarecimiento de los hechos, siendo por tanto la instrucción practicada insuficiente para llegar a una resolución tan trascendental como el archivo de la causa».

Sobre este segundo aspecto, recuerda el escrito del Ministerio Público que, tras la declaración de algunos de los ciclistas que aparecían como destinatarios de esa sangre -según la Guardia Civil-, se les ofreció la posibilidad de cotejar su ADN con el de las bolsas -para determinar su pertenencia-, y pese a que aceptaron -los escasos a los que les fue tomada declaración-, no se ha llevado a cabo «a pesar de tratarse de una diligencia esencial». El fiscal se queja también de que los análisis periciales realizados por distintos organismos sólo buscaban sustancias que pudieran ser nocivas para la salud, y que deberían ampliarse a extremos como los procesos a los que es sometida la sangre desde que es extraída hasta que vuelve al cuerpo humano.

Por ejemplo, la acusación pública solicitó un informe pericial del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid a fin de determinar «las condiciones en las que deben practicarse las transfusiones sanguíneas, su transporte y conservación, y si el estado en el que se encontraron las muestras de sangre era el óptimo para no causar prejuicios en la salud». Esa petición no fue tomada en cuenta por el juez.

Por último, el recurso también recuerda que no se ha procedido al análisis de toda la documentación informática intervenida en los registros domiciliarios, y alude a la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se le deniega a Manolo Saiz la devolución del dinero que le fue incautado en el momento de su detención y se acepta la personación en la causa de la UCI (Unión Ciclista Internacional) y de Jesús Manzano.

Se trata de un giro más en el desarrollo de la operación Puerto, iniciada el 23 de mayo de 2006 con la detención de cinco personas. Fruto de la investigación resultaron imputados -además de Eufemiano Fuentes, Manolo Saiz, Vicente Belda y José Luis Merino Batres-, Ignacio Labarta, director adjunto del Comunidad Valenciana, Alberto León, ex profesional de bicicleta de montaña, y los doctores Alfredo Córdova y Yolanda Fuentes.

Un entuerto judicial que Jaime Lissavetzky soporta como puede. Ayer por la mañana, durante una conferencia en la Universidad Europea de Madrid -donde compartió mesa con todos sus predecesores en el cargo-, el actual secretario de Estado para el Deporte anunció el recurso que se hizo público por la tarde, pero no quiso reconocer los daños que había producido la operación Puerto: «Sigo manteniendo que ha habido un trabajo de la Guardia Civil de acuerdo con la Justicia. No sé si se ha hecho daño a muchas personas o no. No he tenido relación ni conocimiento de este asunto sino por los medios de comunicación».

Seguro que le sonaban a broma los problemas que cada uno de sus antecesores relató de su periodo en el cargo. La preparación de los Juegos de Barcelona, el plan ADO, la crisis económica del fútbol, las selecciones autonómicas... nada comparable con lo que se le ha venido encima a él con el dopaje. Volvió a recalcar la línea de tolerancia cero: «El Gobierno no cejará en la lucha contra el dopaje y los que negocian con sustancias. Aplicaremos la ley, aprobada sin votos en contra, necesaria, entre otras cosas, para que nuestros hijos no tengan problemas de salud».