La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados aprobó ayer la nueva Ley de Defensa de la Competencia con rara unanimidad de los grupos parlamentarios -incluido el Partido Popular- y endurece el texto inicial del Ministerio de Economía. En una de las enmiendas aprobadas ayer, se establece un nuevo artículo 40 a) que prevé que el personal de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) -hasta ahora denominado Tribunal de Defensa de la Competencia- podrá «acceder a cualquier local, terreno y medio de transporte de las empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas».

Expertos consultados en la lucha contra carteles resaltan que esta posibilidad es altamente eficaz para descubrir pactos ilegales de precios de las empresas, «porque es habitual que los directivos no conserven los papeles comprometedores en las sedes, sino en sus vehículos o domicilios». En Estados Unidos y la Comisión Europea ya estaba prevista esta facultad.

Los inspectores podrán irrumpir «con consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial». Es decir que bastará la decisión de un juez de lo contencioso-administrativo sin conocimiento del afectado. La Ley también mantiene el texto inicial que prevé la reducción de sanciones al empresario que forme parte de un cartel, pero que se avenga a delatar a los compinches. Con estas dos armas, no vigentes aún en la legislación española, Gobierno y PP esperan poder endurecer la lucha contra las subidas pactadas de precios. Lo que no supone un gran cambio es el derecho del Gobierno a ignorar un dictamen de la CNC, «atendiendo a los siguientes criterios de interés general». La enmienda ya no enumera 10, como antes, sino seis: «defensa y seguridad nacional: protección de la seguridad o salud públicas; libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; protección del medio ambiente; promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial».

Pero la redacción es tan ambigua -se señala que «en particular», serán esos los criterios- que el Gobierno de turno tendrá la manga muy ancha. El precedente más cercano fue el de la compra de Endesa por parte de Gas Natural, que el Gobierno aprobó en contra del organismo, pero que luego el Supremo suspendió cautelarmente. La nueva Ley de Defensa de la Competencia prevé también reducir a seis los miembros del consejo de la CNC, pero no antes de que cumpla mandato el equipo actual. Por tanto, el actual presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Luis Berenguer, y sus ocho consejeros continuarán en la CNC hasta que cumplan sus mandatos. Un cargo de nueva creación que tendrá considerable poder será el llamado «director de investigación» que, tras el consenso alcanzado ayer, ya no será sólo nombrado por el Gobierno, sino que éste necesitará el apoyo por mayoría simple del consejo de la CNC.

La nueva Ley fuerza a la CNC a escuchar a los tribunales autonómicos de competencia en determinados casos, lo que provocó el apoyo de grupos nacionalistas al nuevo texto. Pero la opinión autonómica no será vinculante para la CNC.

Otra novedad, reforzada en el acuerdo de ayer, es la posibilidad, por primera vez en España, de que quienes se consideren afectados por un cartel puedan acudir a los tribunales por vía civil para exigir indemnizaciones. Es decir, que los que formen un cartel no sólo sufrirán la sanción de la futura Comisión Nacional de la Competencia (CNC), sino también de la que el juez determine. En Estados Unidos ya ha dado lugar a gastos millonarios para las empresas delincuentes y asociaciones de consumidores han podido hacer su agosto.

En las enmiendas aprobadas ayer se prevé una reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil para coordinar la labor de la CNC y de los jueces. Lo habitual será que estos suspendan sus investigaciones a la espera de resolución de la CNC sobre el cartel, para evitar decisiones dispares.