Para sustentar esta opinión, citó varios informes realizados por la Guardia Civil en 2005, en los que concluye que ese partido -que en las últimas elecciones autonómicas logró nueve escaños- es el que ha sustituido a la ilegalizada Batasuna.

Al plantear a Del Burgo que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha indicado, después de esos informes, que no se ha demostrado dicha relación, el diputado dijo: «Lo único que pedimos al fiscal general del Estado y al Gobierno es que insten la ilegalización del PCTV, y que no sea el ministro del Interior, sino el Tribunal Supremo, quien diga que no hay pruebas».

Criticó a Garzón porque, según dijo, el juez ha regresado de su estancia en Estados Unidos «dispuesto a compartir con el Gobierno la política antiterrorista».

Del Burgo ha comprobado que el PCTV sólo tiene una sede en el País Vasco, 29 trabajadores -la mayoría procedentes de Batasuna- y un número de teléfono que nadie atiende. Esto le sorprende, según dijo, porque no cree lógico que un partido con nueve parlamentarios funcione con tan pocos medios y tenga tan escasa actividad cuando faltan dos meses para unas elecciones. Para aclararlo, ha presentado cinco preguntas al Gobierno y ha pedido todos los informes elaborados sobre esta formación.