A pesar del revés, los dimisionarios anunciaron que agotarán todas las instancias legales. De momento, ya lograron que un juez suplente en Manabí aceptara a trámite la revisión de su caso y suspendiera provisionalmente la destitución. La Corte Suprema indicó que respetará la independencia del magistrado, aunque nadie cree que prospere el caso.

Cerrada por el TC la salida jurídica a la crisis institucional que sufre Ecuador desde hace una semana, sólo resta la vía política. Ayer, varios congresistas de la minoría que conservaron su escaño pidieron convocar un Congreso extraordinario para mañana, con el fin de que asumieran cuanto antes los suplentes y pudiera seguir funcionando el Congreso, pero Jorge Ceballos negó esa posibilidad e insistió en mantener la sesión para el próximo martes.

Mientras siguen los enfrentamientos institucionales, una reunión secreta entre un alto funcionario del Ministerio del Interior y varios diputados suplentes en Quito, desvelada por un medio de comunicación, encendió las alarmas en la oposición. El presidente Rafael Correa defendió el derecho de su Gabinete a mantener encuentros con políticos, pero sus adversarios lo ven como un intento de comprar voluntades.

El ex presidente Lucio Gutiérrez, por su parte, anunció una acción penal contra Correa por los actos violentos del miércoles, que acabaron con cuatro heridos, algunos de bala. Según la policía, se trató de un intento de atraco y no de agresiones políticas.