El partido de Albert Rivera presentó ayer una moción para «favorecer la relación de la administración con los ciudadanos en las dos lenguas oficiales», que sólo fue apoyada por el grupo parlamentario popular y que, por tanto no prosperó, ya que votaron en contra CiU, PSC, Esquerra e ICV-EUiA.

Los ciudadanos no sólo se llevaron un no rotundo a su moción, también recibieron algún que otro rapapolvo, como el que les propinó el diputado ecosocialista Francesc Pané por la «sintaxis tortura» en que estaba escrito el texto de la moción. «No han tenido escrúpulos con el catalán, si fuese en castellano se avergonzarían», dijo Pané, quien no dudó en ofrecerse a dar clases de catalán a los diputados de Ciutadans.

La iniciativa de Rivera, que planteaba que la Generalitat y las administraciones locales contesten a los requerimientos de los ciudadanos y catalán y en castellano y no sólo en catalán como ocurre en la actualidad, tampoco gustó al diputado de CiU Carles Puigdemont, quien acusó al líder de Ciutadans de «presumir de intolerancia lingüística» y de «confundir los intereses de una pequeña parte de la ciudadanía con la propia ciudadanía».

El parlamentario del PSC Francesc Boya realizó parte de su intervención en aranés para demostrar que este idioma también existe y reprochó a Rivera que haya elegido el camino de la moción para tratar de conseguir sus objetivos, ya que «lo que pide es que se incumpla la ley».

Para Boya, lo que tendría que haber hecho Ciutadans es proponer una reforma de la Ley de Política Lingüística, pero el partido de Rivera no puede presentar iniciativas legislativas, ya que cuenta sólo con tres diputados y, según el nuevo Reglamento del Parlament, se necesita un mínimo de cinco para ello.

Patricia Gomà, de Esquerra, recordó que el hecho de que algunos indicadores de tráfico estén sólo en catalán no provoca inseguridad viaria porque éstos contienen criptogramas que todo el mundo puede entender con independencia de los idiomas que hable.

En cambio, para el diputado del PP Daniel Sirera, la mayor parte de la moción de Ciutadans «está cargada de sentido común». Sirera leyó el artículo 33 del nuevo Estatut -que regula los derechos lingüísticos de las administraciones públicas y las instituciones estatales- y concluyó que esta norma establece la libertad lingüística, pero que hay quien «la interpreta como le da la gana».