La plataforma se siente revitalizada tras la oleada de afiliaciones que ha recogido desde principios de año, según fuentes del proyecto, un total de 45.900. Un ímpetu que demostró su portavoz, Oriol Ampuero, invitando al Departament d'Educació a incumplir las directrices del Gobierno. En el caso de que no se cumpla la propuesta, Ampuero fue rotundo y advirtió que desde la iniciativa Pel català a l'escola se alentará a los maestros a la «insumisión», a desobecer la normativa española, y catalana; y a movilizarse hasta su derogación.

En la presentación de un nuevo manifiesto contra la tercera hora de castellano tras el redactado en la era del PP, Ampuero insistió en la necesidad de «no ceder terreno» en la presencia y el uso del catalán en la escuela. Por un lado, reclamó «el cumplimiento integral» del modelo de escuela catalana, tanto en la educación infantil como en la primaria y secundaria. Un modelo vigente a lo largo de los últimos 30 años «con el apoyo de toda la sociedad» y que el Real Decreto del Gobierno de Primaria «ignora». Además, añadió que la normativa estatal afecta «negativamente» en los programas de inmersión lingüística y que «rompe la coherencia pedagógica y social».

En este sentido, la portavoz de Omnium Cultural, Carme Alcoverro, destacó que el catalán vive una situación «delicada» en las escuelas de Secundaria. La llegada masiva de inmigrantes a los centros públicos y la consecuente proliferación de la lengua castellana ha provocado que las clases medias y autóctonas estén «huyendo» a escuelas concertadas. Esta situación, según Alcoverro, produce una «dualización» entre la escuela pública y privada así como la creación de las llamadas escuelas gueto.

Con la venia de entidades como Plataforma per la Llengua, Omnium Cultural, USTEC y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, entre otras, la plataforma Pel català a l'escolaprevé entregar el manifiesto al conseller d'Educació, Ernest Maragall, y a la Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera. El escrito irá cargado de una clara intención de denuncia porque, según sus promotores, el Gobierno español «no tiene en cuenta» las diferentes realidades lingüísticas que hay en el Estado y opta por una política que pretende «uniformar» con la introducción de una hora más de lengua castellana.