A partir de ahora, la instrucción del caso continuará con la declaración de varios testigos. Además, la juez también ha mantenido los cargos contra la mujer por atentado contra la autoridad, puesto que agredió a un agente policial tras su detención.

La declaración de la imputada, divorciada y de 34 años de edad, se vio rodeada desde el primer momento de complicaciones. El pasado martes no apareció por el juzgado, como estaba previsto en la citación que se le había cursado, extremo que le supuso una orden de busca y captura. El miércoles estableció contacto telefónico con el juzgado para comunicar que el motivo por el que no se había presentado era que había estado unos días fuera de la ciudad.

A las 10.45 horas de ayer era finalmente el momento fijado para que la imputada compareciera ante la juez. A su llegada y al percatarse de la presencia de periodistas, se encaró con ellos para echarles en cara las informaciones aparecidas. Acto seguido, decidió que no entraba al juzgado y se marchó.

Amarilis C.A. retrasó su vuelta al juzgado hasta una hora y media después. Con el propósito de eludir a la decena de periodistas que estaban en la puerta, entró en el despacho del médico forense, situado en el juzgado número 2. Poco después, fue necesaria la presencia de tres vigilantes de seguridad para que la mujer, con la cabeza cubierta, se desplazara de un edificio al otro.

La imputada declaró finalmente ante la juez por espacio de unos treinta minutos, negando que mantuviera encerradas en casa a sus hijas de 10 y 13 años de edad durante dos meses. La acusación es «falsa», según su abogado.

Agentes del Instituto Armado liberaron a las dos hermanas el pasado 6 de marzo, cuando, tras recibir una orden judicial, entraron en la casa en la que supuestamente llevaban dos meses encerradas, mal alimentadas, sin agua corriente ni luz y en pésimas condiciones higiénicas. Las pequeñas pasaban todo el día solas en la vivienda de 40 metros cuadrados sin ir al colegio. Su prolongado absentismo escolar levantó las sospechas de sus profesores, que alertaron a la Guardia Civil. La Generalitat se ha hecho cargo momentáneamente de las dos niñas.