CARLOS SEGOVIA
MADRID.-
El Gobierno está intentando evitar que el Tribunal Supremo emita sentencia sobre si apoyó irregularmente a Gas Natural en su intento de compra de Endesa.
El Tribunal Supremo ha recibido un escrito de la Abogacía del Estado que solicita «el archivo de las actuaciones e imposición del pago de costas a la parte recurrente», Es decir, carpetazo y que pague Endesa, la eléctrica presidida por Manuel Pizarro, las cuantiosas minutas de los abogados del grupo gasista controlado por la Caixa en este prolongado pleito.
Según el escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, «el presente recurso debe darse por concluido por pérdida sobrevenida de su objeto». Endesa recurrió el pasado año la autorización del Consejo de Ministros del 3 de febrero de 2006 de la OPA hostil de Gas Natural.
El argumento de la eléctrica era que el Gobierno había ignorado ilegalmente el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, que recomendó prohibir la operación por «daño irreversible a los consumidores». El Supremo dio la razón inicialmente a Endesa y suspendió cautelarmente la autorización del Consejo de Ministros. Cuando el grupo alemán E.ON, rival de Gas Natural, recibió autorización para lanzar su contraopa, el Supremo levantó la suspensión cautelar. Pero aún tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo del asunto y es posible que termine fallando que el Gobierno dañó a los consumidores al autorizar la OPA.
Pero el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no quiere pasar ese trago. «Si no hay OPA, ni puede haber operación de concentración derivada de la misma, el acuerdo del Consejo de Ministros recurrido queda automática y necesariamente sin objeto ni efecto y con él, el presente recurso contencioso administrativo que por tal causa debe darse por concluido». «Ni siquiera desde el punto de vista doctrinal cabe entender que exista razón en la continuación del procedimiento (...) puesto que, por un lado, esa jurisprudencia ya existe y. por otro, en este momento se tramita una reforma de la Ley de Defensa de la Competencia que supondrá un cambio sustancial en el modelo normativo». «La garantía del interés público ya no necesita protección», son algunas de las frases del escrito.
Por otra parte, el Gobierno responderá hoy a Bruselas que no cambia las condiciones a E.ON , por lo que irá al Tribunal de la UE.
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