A la espera de las novedades que introducirá la Ley de Víctimas del Terrorismo vasca, la Dirección de Víctimas dotará económicamente «de forma suficiente» los programas destinados a ayudar a aquellas personas que quieran acudir a los juicios de la Audiencia Nacional y puedan ir acompañadas. Las asociaciones recibirán más dinero y se pondrá fin al despropósito de una regula ción por la doble vía del Departamento de Justicia y la de Interior, que daba pie a negativas inexplicables, como la que recibió el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) cuando solicitó una subvención, situación que provocó la polémica de las últimas semanas.

El portavoz del PP, Santiago Abascal, confesó «haber sudado el acuerdo» y advirtió al Gobierno vasco de que la firma de la proposición no podía servir para «lavar la mala conciencia que deberían arrastrar algunos responsables políticos» por financiar los viajes de los familiares de los presos y poner inconvenientes a los de las víctimas.

«No cejaremos en el empeño de pedir la abolición de las ayudas a los familiares de los presos», insistió poco antes de asegurar que el Gobierno daba con estas prácticas el mismo trato a las víctimas y los victimarios. Abascal celebró el pacto alcanzado con el tripartito, el PSE y Aralar, que también apoyaron la propuesta, pero no escondió la desconfianza que despierta la política de atención a las víctimas del Ejecutivo vasco: «No es posible que Covite, la asociación que representa a más víctimas en el País Vasco, se sienta desamparada y pretender que el 22 de abril participe en el homenaje que proyecta el lehendakari. No se puede estar con Otegi en Ajuria Enea y con las víctimas en el Palacio de Euskalduna», señaló.

Para el socialista Jesús Loza, el pacto alcanzado ayer tiene una «enorme importancia» y señaló que el acompañamiento a las víctimas a la Audiencia Nacional debe impedir una segunda victimización de éstas cuando se ven obligadas a enfrentarse con los asesinos. El tripartito señaló que el «esfuerzo» había partido del Gobierno vasco y abogaron por que la actitud negociadora del PP se extienda a otras cuestiones. EA defendió las ayudas para las visitas a las cárceles y señaló que las familias de los etarras no han cometido ningún delito.