Es la reforma del TC que menos apoyo ha tenido: la ha rechazado el 42% de los 312 diputados que votaron ayer. El principal partido de la oposición adelantó, por boca de su portavoz, Ignacio Astarloa, que «tendremos que cambiar esta ley cuando los ciudadanos vuelvan a darnos su confianza» y aseguró que «es imposible concluir peor la tramitación de una ley tan importante».

Se refería, de un lado, a la incorporación de una enmienda que permitirá que los cuatro magistrados del TC nombrados por el Senado sean elegidos entre los candidatos presentados por las comunidades autónomas, una previsión que, para el PP, es «sencillamente inconstitucional».

De otro lado, Astarloa volvió a denominar esta reforma como la ley Casas por la enmienda de última hora que permitirá a la actual presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, mantenerse en este cargo hasta diciembre. El portavoz del PP reprochó al PSOE que «deslegitime gravemente» al TC y a la propia Casas «prejuzgando» que es una «aliada segura» para salvar el Estatuto catalán.

Ninguno de los demás portavoces, incluidos los que dieron su apoyo a la ley, se mostraron entusiasmados con una reforma que consideran «corta», en expresión de Gaspar Llamazares. ERC y CiU calificaron de «avance no definitivo» la intervención que se va a dar a las comunidades autónomas en la elección de los magistrados del cupo del Senado.

Begoña Lasagabaster (EA) y Aitor Esteban (PNV) denunciaron que el PSOE no ha cumplido su «compromiso» de blindar las normas fiscales de las Juntas Generales vascas.

El portavoz socialista, Ramón Jáuregui, afirmó que «cuando dos quieren entenderse, se entienden, y para mí ustedes, en éste y en otros temas, no quieren», en alusión al PP.