Viernes, 16 de marzo de 2007. Año: XVIII. Numero: 6298.
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La Generalitat crea un juego recreativo con premios ilimitados y que se paga con tarjeta
El Gobierno catalán gestiona los dispositivos, que levantan suspicacias entre los ludópatas
FÉLIX MARTINEZ / DANI CORDERO

BARCELONA.- La Generalitat se ha asegurado el enriquecimiento de sus arcas gracias al juego. Desde el pasado mes de noviembre tiene una nueva fuente de ingresos en esa materia, después de que el Ejecutivo de Pasqual Maragall aprobara en sus últimos días de vida dos reglamentos para legalizar un nuevo tipo de tragaperras.

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La propia Administración autonómica es la titular de la gestión de ese juego, denominado Binjocs, que está levantando ampollas entre las organizaciones de ludópatas desde que empezó su comercialización, el pasado 21 de noviembre. La máquina no admite, ni siquiera, monedas. Funciona a golpe de tarjeta de crédito, y los usuarios pueden apostar tanto dinero como quieran, además de disponer del tiempo que consideren necesario para gastarlo.

El nuevo juego cuenta con un gancho más. Todas las máquinas activas están interconectadas a través de un sistema telemático que permite engrosar y compartir premios, también ilimitados. Ese concepto de premio sin umbral es la primera vez que se da en un juego permitido por la Generalitat. Esa particularidad «favorecerá, en un elevado número de casos, la fantasía de control y ganancia por parte del usuario», señala en un comunicado el presidente de la Asociación Central Catalana de Adicciones Sociales, Francesc Perendreu, que sostiene que las personas con problemas con el juego pensarán: «Puedo seguir perdiendo, porque si gano, recuperaré todo lo que he jugado».

La entidad augura que «si no se modifican estos parámetros, aumentará el número de jugadores patológicos, exclusivos de esta modalidad, con unas problemáticas económicas y familiares, por encima de lo que hasta ahora se está viendo».

La forma de jugar consiste en la adquisición de un billete con un número personal al cual se ha cargado la cifra económica deseada por el jugador. Una vez delante de la máquina, el jugador se identifica con el número asignado, con un boletín virtual al que se van restando las apuestas perdidas y los premios. En Andalucía y Aragón esta variedad de tragaperras ya funciona y ha sido bien recibida a tenor de las cifras de facturación, si bien ninguna administración participa en la gestión.

La memoria de impacto económico elaborada por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA) daba por hecho el atractivo del nuevo juego, una variante del bingo adaptada a las máquinas tragaperras. Según ésta, la recaudación anual ascenderá a 18 millones de euros. Se calcula que entre el 60% y el 90% se destina a premios.

El resto se lo reparten los tres actores implicados en el nuevo juego. Los salones recreativos y bingos que alberguen la máquina y que hayan pagado los entre 3.000 y 5.000 euros que vale cada una (según el tipo de modelo) se quedarán la mitad del beneficio. Cirsa Interactive Corporation, adjudicatario de la concesión de explotación y responsable de la interconexión entre aparatos, tendrá un 20% del excedente con posibilidades de elevar el porcentaje.

En tercer y último lugar, pero no el menos importante, se encuentra la Generalitat. Se aseguró un 30% del beneficio con la única condición de reducir su pastel si crecían los ingresos totales. En los cálculos iniciales figura una previsión de recaudación sólo por este tipo de máquinas situada entre los 300.000 y los 600.000 euros al año.

Ya en la memoria elaborada por la dirección general de Juegos y Espectáculos se justificaba la creación del juego en que «su implantación supondrá una mayor recaudación» para la Generalitat, con alusiones posteriores al gasto de estos ingresos que después se deriva al Departamento de Acción Social.

Otra cuestión polémica del Binjocs y sus tres variantes de juegos es la forma como el Govern de la Generalitat aprobó los dos reglamentos que dieron luz verde a su comercialización. Las primeras máquinas pudieron empezar a funcionar el 21 de noviembre, justo el mismo día en que se constituía el nuevo Parlament, que después designaría president a José Montilla.

La EAJA realizó todos los trámites finales una vez se había disuelto la Cámara catalana y en la antesala de la campaña de las elecciones autonómicas. Esta celeridad en todo el proceso final contrasta con la tranquilidad en el cumplimiento de los plazos cuando se inició todo el proceso, un año y medio antes, en julio de 2005.

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