Así lo confirmó ayer en Madrid el presidente regional del partido y del propio Cabildo insular, José Manuel Soria, en la presentación del jurado de los premios Canarios de EL MUNDO dos semanas después de conocerse, por el propio auto del instructor, que dicha detención fue practicada sin orden judicial alguna.

«No cabe la entrega de resolución judicial de detención de las personas a las que representa al no haberse dictado la misma, los cuales fueron puestos a disposición de este Juzgado después de su detención policial», rezaba el escrito del juez remitido a la defensa del alcalde, y que también hacía referencia a la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, detenida el mismo día que González.

Soria eludió ayer atribuir a su adversario electoral y ex ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, una responsabilidad personal sobre los hechos, pero sí arrojó sus sospechas sobre el conjunto del Ejecutivo. «No sé si él tuvo una intervención directa o no», afirmó, «pero no sería la primera vez que los socialistas utilizan los aparatos del Estado para atacar a sus adversarios. Ni sería la primera vez, lamentablemente, a lo largo de los últimos tres años, en que se producen detenciones ilegales. Ocurrió aquí, en Madrid, con ocasión de aquella agresión ficticia de unos militantes del PP al ministro de Defensa, el señor Bono. Aquello acabó no sólo en la condena de los policías, sino en la propia dimisión del delegado del Gobierno».

El dirigente popular admitió que la Ley de Enjuiciamiento Criminal «contempla determinados supuestos, muy tasados, para que la Policía pueda practicar detenciones», pero dijo que en ellos no encajan estas detenciones tan «espectaculares, practicadas a las ocho de la mañana, saliendo de casa con los niños camino del colegio, y con siete cámaras delante». Soria insistió, en todo caso, en recelar de la Policía y en defender la «independencia» de los jueces.