L. A. SANZ
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer por fin el Reglamento Técnico sobre Promoción de la Accesibilidad, que desarrolla una ley de hace 14 años. La norma establece itinerarios adaptados a personas con discapacidad, promueve la supresión de barreras urbanísticas y arquitectónicas y obliga a que los 179 ayuntamientos de la región detallen los presupuestos destinados a mejorar la accesibilidad.
Según explicó el portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, el Reglamento es «la más moderna normativa de accesibilidad existente en España» y reconoce «la discapacidad universal», es decir, «garantiza la igualdad en la accesiblidad en el uso de bienes y servicios, independientemente de la condición física de las personas».
La norma será de obligado cumplimiento en todas las edificaciones nuevas, y en todas las que sean rehabilitadas siempre que ésta afecte a más de un 10% de su estructura.
A partir de ahora, será obligatorio realizar «itinerarios peatonales adaptados» en los cascos urbanos de las ciudades, éstos estarán diseñados para que todos los edificios públicos y privados tengan acceso a una de estas rutas de accesibilidad.
Un ejemplo de una actuación de este tipo, según citó González, se puede encontrar en el rehabilitado barrio madrileño de Las Letras, en Centro, donde la Comunidad de Madrid eliminó las aceras poniéndolas al mismo nivel que la calzada y separándolas del tráfico rodado con bolardos.
Los espacios naturales de uso público tendrán que ser accesibles para todos y además se regula la mejora de los accesos a los edificios públicos y privados, el mobiliario y la adaptación de aseos, pasillos, escaleras o zonas de estacionamiento.
Igualmente, los locales de espectáculos, aulas y establecimientos análogos dispondrán de espacios reservados a personas que utilicen silla de ruedas.
El texto también detalla las mejoras técnicas que deben contar servicios de uso cotidiano como cajeros automáticos, teléfonos públicos o ascensores.
El Reglamento también establece medidas de control para lograr su cumplimiento. Para ello, otorga competencias para la vigilancia del cumplimiento de la normativa tanto a la Administración regional como a las locales.
|