El texto se atiene, sin embargo, al capítulo 41 de la Carta Fundacional de Naciones Unidas, que permite la adopción las medidas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones, pero descarta la posibilidad de una intervención militar. Estados Unidos y Gran Bretaña, partidarios de un régimen más duro de sanciones, limaron finalmente sus diferencias con Rusia y China, favorables a dejar un mayor margen de maniobra a la solución diplomática. Francia y Alemania -en calidad de miembro del grupo cinco más uno- mediaron activamente en las negociaciones que se han prolongado durante más de una semana en Nueva York.

El embajador sudafricano, Dumisani Kumalo, en calidad de presidente temporal del Consejo de Seguridad, descartó ayer la posibilidad de un voto inmediato, aunque anticipó que el nuevo régimen de sanciones verá posiblemente la luz verde en cuanto las delegaciones de los 15 países miembros hayan consultado con sus gobiernos.

Con el respaldo de China y Rusia, es previsible que la resolución sea aprobada unánimemente, como ocurrió en diciembre pasado con la imposición de las primeras sanciones «limitadas» a Teherán: prohibición de importaciones de tecnología y material relacionado con su programa nuclear y congelación de activos financieros de las compañías y de una decena de científicos, empresarios y altos funcionarios vinculados con estas actividades.

El nuevo proyecto de documento llega a las pocas semanas del último informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que ha certificado que la República Islámica ha hecho caso omiso de las advertencias de la ONU y ha seguido enriqueciendo uranio.

El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, desafió ayer por adelantado al Consejo de Seguridad y afirmó que sus 15 miembros «no representan a los pueblos del mundo». «Ellos piensan que son representantes de la comunidad internacional, pero la verdad es que la gente no da ningún valor a sus decisiones», dijo ayer el líder iraní en un discurso en la provincia de Yazd, según la agencia oficial IRNA.

En Nueva York, entretanto, el embajador británico Emyr Jones anunciaba fumata blanca y presentaba el borrador de resolución del grupo cinco más uno a los 10 restantes miembros el Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador ruso, Vitali Churkin, certificaba poco después que habían llegado a un acuerdo y vaticinaba un voto para la próxima semana.

El proyecto de resolución prohíbe las exportaciones de armamento por parte de Irán, pero no cierra automáticamente el grifo de las importaciones, sino que pide «restricciones voluntarias» a la venta y suministro de armas a la república islámica.

El texto reclama también a los países miembros de Naciones Unidas y a las instituciones económicas que no concedan «créditos, subvenciones, ni asistencia financiera» a Teherán, salvo por razones humanitarias o en proyectos de desarrollo. Tampoco es taxativo el proyecto sobre limitar los viajes al exterior de los altos funcionarios iraníes, pero pide a la comunidad internacional que ejerza «la vigilancia y la restricción» a la hora de permitir el tránsito de ciudadanos del país asiático vinculados con el programa nuclear o cuyos activos financieros hayan sido bloqueados por la misma causa.

Ahmanieyad pidió ayer visado para 25 altos funcionarios de su Gobierno, con la intención de acudir personalmente la próxima semana a Nueva York para defender la postura de Irán en el Consejo de Seguridad, antes de que sea votada la resolución sobre el nuevo régimen de sanciones.