Los implacables Kaczynski cumplen así su principal promesa electoral: «Buscar, encontrar y retirar de la vida pública» a quienes trabajaron para la antigua policía política, en un proceso de histeria colectiva que llega 18 años después del fin del comunismo y cuando el país se enfrenta a problemas mucho más inmediatos como la tasa de desempleo más alta de la UE o la emigración masiva.

Si en un primer momento fueron los políticos quienes tuvieron que declarar su relación con el antiguo servicio de inteligencia comunista, ahora es el turno de periodistas, funcionarios, profesores de universidad y directores de escuelas medias.

«Estimamos que serán unas 400.000 personas, pero el número puede aumentar hasta 700.000», aseguraba ayer Janusz Kuryka, responsable de la investigación y director del Instituto para la Memoria Nacional, el organismo encargado de estudiar los archivos de la policía comunista.

Para Kuryka, «la nueva ley traerá por fin justicia a la sociedad polaca, aún marcada por el paso atroz del comunismo», una ideología que el primer ministro Jaroslaw Kaczynski ha calificado en varias ocasiones como «de la chusma para la chusma».

Esta nueva norma, que obligará a los profesionales nacidos antes de 1972 a presentar una declaración escrita sobre sus vínculos con los servicios secretos del antiguo régimen, podría suponer una auténtica situación de desobediencia civil en Polonia, ya que muchos periodistas y profesores ya han anunciado que se negarán a realizar la declaración.

Muchos de los supuestamente afectados aseguran que no cumplirán la ley y no firmarán esa declaración, sobre todo liderados por el diario liberal Gazeta Wyborcza, abiertamente opuesto al proceso de depuración ideológica de los hermanos Kaczynski y en general a cualquier política emprendida por los conservadores.

Frente a ellos, otro grupo de periodistas publicaba hace algunos días una carta abierta en la que llaman a la «transparencia y honestidad de los profesionales de la información», defendiendo la necesidad de «cumplir la ley y mostrar a la opinión pública el pasado limpio de los actuales periodistas». El arzobispo Józef Michalik también se sumaba a esta posición favorable a la investigación, a pesar de que la Iglesia también ha sufrido la ira de los Kaczynski en sus propias filas.

Al margen de la polémica, los profesionales afectados tienen desde hoy dos meses presentar esa declaración escrita. No hacerlo podrá suponer hasta 10 años de inhabilitación profesional. También el defensor del pueblo, Janusz Kochanowski, ha decidido tomar cartas en el asunto al considerar que la polémica ley es inconstitucional, algo que resolverán el Constitucional a principios de mayo.

«Esperemos que el tribunal nos dé la razón, si no iremos al Tribunal de Europeo de Derechos Humanos y la ONU», afirma Grazyna Kurowiczka, periodista de Gazeta Wyborcza.