Justo cuando parecía que el Gobierno podía haber agotado su inusitadamente extenso repertorio de justificaciones para excarcelar a De Juana Chaos, Zapatero reveló ayer una nueva: que la muerte del etarra «habría alimentado a determinados sectores jóvenes del mundo radical y abertzale cuyos peores instintos el Ejecutivo tiene que combatir pensando en el futuro». ¿Pensará el presidente que su decisión los va a convertir en palomas de paz?
Con sus explicaciones fluctuantes y sus abiertas contradicciones, el Gobierno se lo está poniendo francamente difícil a cuantos quisieran creer en su palabra. ¿En cuál de todas las palabras?, deben de preguntarse a estas alturas los perplejos ciudadanos.
Todo empezó por dilucidar quién había tomado la decisión: primero fue Rubalcaba quien lo había hecho «personalmente», después Fernández de la Vega la achacó a todo el Gobierno de forma colegiada, el siguiente en asumirla individualmente fue Zapatero, quien más tarde enfatizó que seguía una resolución del juez, y ayer de nuevo se trataba de una decisión del Gobierno.
Ahora bien, más cambiante aún si cabe que el autor de la decisión es el porqué de su actuación. Rubalcaba comenzó aduciendo «razones legales y humanitarias». Con la primera parte de esa explicación, el Gobierno quiso crear confusión al mezclar que la decisión es legal -cosa que nadie puso en duda- con la noción -falsa- de que la ley le obligaba a tomarla. Las «razones humanitarias» eran las que enfatizó Zapatero cuatro días después señalando «el valor supremo de la vida» y añadiendo acto seguido que había actuado «para que no hubiera más muertes por terrorismo». Nunca ha quedado claro a qué «muertes» se refería el presidente. Sería obsceno que estuviese considerando la de De Juana una «muerte por terrorismo» como las de sus víctimas. Pero si se refería a futuros asesinatos de ETA, ¿cómo podía decir a continuación que no actuaba «por miedo o debilidad»?
Cierto es que, dentro de su compleja maraña argumental, el Gobierno no ha tenido reparos en incurrir en abiertas contradicciones. En primer lugar, Zapatero ha dicho que no habría tomado la decisión si la condena que estuviera cumpliendo De Juana fuera por asesinato o le quedara más de un año y medio. ¿No choca eso con la idea de que su vida es «el valor supremo» que el Gobierno debía salvaguardar?
En segundo lugar, el Gobierno se ha negado a aceptar el término «chantaje», pero no tiene reparos en señalar que con su cesión se evitan «males mayores».
En tercer lugar, Zapatero dijo ayer que la decisión de De Juana «nada tiene que ver con el proceso de paz», cuando la víspera la había encuadrado como parte de «la política antiterrorista del Gobierno» y cuando Rubalcaba había afirmado en el Congreso que «todos los gobiernos utilizaron la política penitenciaria para, en el marco de la ley, buscar el fin de la violencia, y el actual también».
En lo único que han coincidido todos los miembros del Ejecutivo sin divergencia alguna es en arremeter contra el PP, contra su política penitenciaria cuando gobernaba y contra su labor de oposición ahora. Tales acusaciones, independientemente de su veracidad, le sirven al Gobierno para debatir contra los populares, pero no para explicar su decisión.
La gran incógnita es: ¿seguiría el Gobierno probando nuevas justificaciones si hubiese hecho pública ya la razón definitiva por la que atenuó la prisión a De Juana?
