El informe en cuestión, elaborado por encargo del Gobierno central para contrarrestar el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional (TC), interpreta el Estatut en una dirección muy diferente a la que pretende la Generalitat. Fija, entre otras cosas, la prioridad del resto de leyes orgánicas del Estado sobre la norma catalana y, aunque pretende ayudar a que el texto supere la criba del TC, en realidad diluye las pretensiones del tripartito.

EL MUNDO, y muchos otros medios de comunicación, publicaron el mismo 3 de noviembre, sólo dos días después de las elecciones autonómicas, un extracto del informe, de 301 folios. Ayer, La Vanguardia lo rescató, lo que provocó las reacciones de todos los grupos catalanes y del Ejecutivo.

El principal perjudicado por la republicación del texto fue Esquerra.Su presidente, Josep Lluís Carod-Rovira, fue el primero en referirse al documento. El problema es que lo hizo en calidad de vicepresidente del Gobierno catalán, por lo que tuvo que morderse la lengua y se limitó a transmitir la opinión institucional, con toda seguridad mucho más cercana a la del president Montilla y al PSC que a la suya.

Carod, en nombre del Govern, calificó de «buena noticia» que el informe elaborado en nombre del Gobierno español avale su constitucionalidad, aunque se desmarcó de las interpretaciones que hace el Abogado del Estado. Entre otras, de la de que el término «nación» incluido en el preámbulo del Estatut «no es en el mismo sentido en que lo es España, sino como nacionalidad con derecho a la autonomía».

El vicepresidente catalán sí admitió que si la revisión a la baja del Estatut que se hizo por encargo del Gobierno en noviembre del año pasado tiene «repercusiones legales, lógicamente habría preocupación» en el seno del Ejecutivo catalán. Cuando fue preguntado acerca de la opinión de su «otro yo», o sea, de la del presidente de ERC, emplazó a los periodistas a la comparecencia del portavoz republicano, Joan Ridao, que se produjo después.

Fue como si Ridao y el hombre que le precedió en los parlamentos fuesen no sólo de distintos partidos, sino de formaciones enfrentadas abiertamente. El portavoz de ERC aseguró que una interpretación «desfavorable» del Estatut «no sólo afectará a la normalidad política institucional, sino que abrirá un conflicto de incalculables consecuencias». Tuvo que admitir la «evidente contradicción» entre sus palabras y las de Carod-Rovira.

Los socialistas catalanes, por boca de su portavoz Miquel Iceta, calificaron de «magnífica noticia» que el Gobierno español «defienda la constitucionalidad del Estatut» y quiso restar trascendencia a «los argumentos que utilice para ello». El otro grupo que forma el tripartito, ICV, constató que el informe transmite «la opinión que el PSOE ha defendido durante todo el proceso de reforma».

En cuanto a la oposición, CiU fue el grupo más duro contra lo que supone el informe. Felip Puig vio en él «un ejemplo de la deslealtad de Zapatero», y alertó de «un conflicto con España» si el tribunal invalida «cualquier aspecto del texto». Para el líder del PP, Josep Piqué, las alegaciones del Estado demuestran que su partido «tenía razón».