El Ejecutivo busca la manera de no convivir con un CGPJ de mayoría conservadora en lo que resta de legislatura. Para ello estudia cómo bloquearlo hasta su renovación.

Pretende recortar la capacidad de actuación y limitar las competencias del Consejo en funciones, hasta reducirlas casi a cuestiones de trámite y entre las que no estarían los nombramientos para los Altos Tribunales.

Incluso, si prosperan estos planes, podría imponerse el cese automático de los vocales al terminar su mandato y sin esperar a la renovación. Quedaría nada más una comisión gestora permanente de sólo cinco miembros que se encargaría de las cuestiones de trámite, según altas fuentes de La Moncloa.

El Gobierno pretende volver a utilizar una enmienda firmada por Izquierda Unida a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramita actualmente en el Congreso. Esa reforma está atascada en la Comisión de Justicia y no hacía referencia a las funciones del Consejo. Es decir, se trata de nuevo de colgar en un cambio de una ley, mediante una enmienda que formalmente presenta un socio parlamentario, una reforma de calado institucional.

El actual Consejo terminó su mandato en noviembre y para su renovación es preciso el acuerdo entre el PSOE y el PP. Sin embargo, los populares no están interesados en iniciar siquiera las conversaciones para renovarlo, porque se consideran favorecidos con la actual mayoría conservadora. En la práctica, la oposición tiene capacidad de bloqueo de la renovación si no hay acuerdo entre los dos partidos, aunque haya cambiado la mayoría parlamentaria que nombró el actual Consejo.

El CGPJ que se mantiene fue nombrado por el Congreso en el que el PP tenía mayoría absoluta y sigue en funciones con un Parlamento en el que el PSOE es mayoritario.

La ley no limita las competencias del Consejo en funciones y puede mantenerse sin límite de tiempo. El nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, irrumpió en el Congreso con dos argumentos polémicos en sus dos primeras comparecencias en el Pleno: el CGPJ carece de legitimidad en su actual composición y estando en funciones no debería tomar más decisiones que las de trámite.

Aquello sonó a posición doctrinal y política, pero ahora el Gobierno está dispuesto a llevarlo a la ley, según fuentes de La Moncloa. Los detalles de la enmienda deberán ser cerrados en los próximos días entre el Ejecutivo, el Grupo Socialista y sus socios parlamentarios.

Hace días, el Gobierno utilizó una enmienda de ERC a la ley del Tribunal Constitucional para asegurar la permanencia de María Emilia Casas en la Presidencia. También se intentó desactivar al presidente del Consejo, Francisco Hernando, con una enmienda de IU que vinculaba su permanencia en el cargo con su jubilación en la carrera judicial. Antes utilizó una proposición no de ley de sus socios parlamentarios preferentes para impulsar una limitación a las atribuciones del sector conservador del CGPJ al elevar las mayorías necesarias para hacer nombramientos relevantes.

Fuentes del Gobierno aseguraron que el Grupo Socialista terminará de negociar con IU el contenido concreto de la enmienda. Si hubiera acuerdo, la reforma no entraría en vigor antes de verano, tras su paso por el Senado, y, obviamente, serviría para futuras renovaciones del CGPJ.

La intención, aseguran, es que las competencias del Consejo en funciones estén regladas. Estas fuentes aseguraron que, por ejemplo, podría establecerse la posibilidad de que se sustituyera el Consejo en funciones, formado por 20 miembros, por una comisión gestora de cinco vocales para despachar los asuntos de trámite. El objetivo, según el Gobierno, es incentivar la renovación y no favorecer maniobras obstruccionistas de la oposición.

La llegada de Bermejo a Justicia fue interpretada como el deseo de plantar cara al Poder Judicial desde el Ejecutivo, además de mandarle un mensaje de firmeza. En este empeño cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno y, especialmente, de la vicepresidenta primera.

El Gobierno barajó recientemente la dimisión de los miembros de la minoría progresista para dejarlo no operativo y provocar su renovación. Sin embargo, la resistencia de varios de ellos a dejar el cargo impidió la maniobra, que ya se utilizó cuando el Consejo lo presidía Pascual Sala.

Fernández de la Vega afirmó ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que para el Gobierno «lo que es prioritario es que se cumpla el mandato constitucional», y que el CGPJ se renueve cuanto antes, puesto que lleva en funciones desde noviembre.

Fernández de la Vega agregó que «lo democrático, lo razonable, lo sensato, lo que supone tener responsabilidad en el funcionamiento de las instituciones, es favorecer ese acuerdo» político necesario. «Lo que debería ser es por lo menos intentarlo, es que ni siquiera se intenta y eso no es sensato», lamentó la número dos del Gobierno. La vicepresidenta indicó que el Gobierno no quiere «limitar las funciones del CGPJ, pero no es razonable que un órgano cuyo mandato venció el 7 de noviembre siga en funciones».

Desde el PP, su portavoz de Justicia, Ignacio Astarloa, consideró «una mentira y una ofensa grave» que la vicepresidenta responsabilice al PP del hecho de que no se esté renovando el Consejo.