Los cambios aprobados por el Ejecutivo de Zapatero restringirán al máximo la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, pondrán fin a las penas de arresto y regularán el asociacionismo en el seno del Instituto Armado, un asociacionismo que, de facto, lleva años funcionando, aunque no está reconocido.

Se trata del primer proyecto de ley en el que se regulan los derechos y obligaciones del Instituto Armado. En cuanto al régimen disciplinario, el ministro explicó que el texto es el mismo que el que se aprobó el pasado mes de enero, pero con las recomendaciones aportadas por el Consejo Fiscal y el Consejo General de la Guardia Civil. Básicamente, se trata de restringir la aplicación del Código Penal a «situaciones extraordinarias», como cuando los agentes estén desarrollando labores militares fuera del territorio nacional. El código elimina definitivamente la sanción de arresto, que, según Rubalcaba, se encuentra fuera del ámbito de la Constitución.

Entre las grandes novedades de la Ley de Derechos y Deberes se encuentra la regulación del derecho de asociación entre los agentes. «Estaba tolerado y ahora estará legalizado». Este derecho estaba avalado por varias sentencias de diferentes tribunales, desde la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo, pero será la primera vez que se regule.

También se creará el Consejo de la Guardia Civil, en el que estarán representadas todas las escalas y asociaciones. Este órgano será formado mediante elección y tendrá como cometido «mejorar las condiciones profesionales de los guardias civiles y de la propia institución», explicó Rubalcaba.

Votación de los guardias

Se reunirá periódicamente y estará presidido por el titular del Interior. Ya durante el mandato de Santiago López Valdivielso (PP) se constituyó el primer Consejo de la Guardia Civil. Por primera vez en la historia del Instituto Armado se celebraron unas elecciones para elegir a los miembros de este organismo.

Las reformas aprobadas ayer supondrán una avance general en la modernización del Instituto Armado. Así lo creen el Gobierno y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), protagonista de la gran protesta celebrada en Madrid el pasado mes de enero, que ha acelerado esta gran reforma.

El ministro explicó que había contactado con los grupos parlamentarios para recabar su opinión ante estos nuevos proyectos y aseguró que espera que ambos cuenten con el respaldo mayoritario de las cámaras. No obstante, aseguró que buscará la «unanimidad» de todos los grupos parlamentarios.

El ministro explicó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con la aprobación de estos dos proyectos, se cumplen compromisos electorales del PSOE. Aclaró que estas reformas no suponen en ningún momento la pérdida de la naturaleza militar del Instituto Armado.

La gran dinamizadora de estos cambios ha sido la AUGC. Su movilización en la plaza Mayor de Madrid, con más de 3.000 agentes uniformados, dio el pistoletazo de salida a la resolución de estas reformas.

Hasta ese momento, los proyectos del Ministerio del Interior no habían prosperado. Pero tras la demostración de fuerza por parte de la AUGC, el acercamiento del Departamento a los dirigentes de esta asociación fue constante. Tal es así que, en la mañana del pasado jueves, una comisión de AUGC se reunió en el Congreso con el subsecretario de Interior, Justo Zambrana; el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, y el diputado socialista en la comisión de Interior Antonio Hernando. Cerraron un acuerdo urgente, ya que la decisión del Gobierno era remitir el texto al Consejo de Ministros ayer, viernes. AUGC puso sobre la mesa más de una treintena de enmiendas al proyecto que les presentaron. La gran mayoría de las iniciativas de la asociación recibió el visto bueno del Gobierno en ese encuentro de última hora.

El resto de las propuestas de la AUGC quedó pactado para que fuera incorporado ya durante la fase de tramitación en el Parlamento, según fuentes de AUGC. Rubalcaba aseguró ayer que el texto había sido consensuado con las diferentes asociaciones de guardias y con sus mandos. Indicó que la normativa se asemeja a la que tienen las asociaciones de jueces o de fiscales.

Pese al acercamiento con la AUGC, el ministro aseguró que los expedientes abiertos a los dirigentes de la AUGC tras la manifestación de enero seguirán su curso, al igual que el que le abrieron al líder de la asociación, Joan Miquel Perpinyá, por unas declaraciones a la prensa en las que criticaba a los generales.