De esta forma, se convierten en los primeros presuntos miembros de ETA a quienes se les aplica el mecanismo de denuncia oficial, para que sean juzgados en nuestro país también por los delitos cometidos en territorio francés, en una cesión de jurisdicción prevista en la Orden Europea de Detención (OED).

Los dos supuestos etarras fueron entregados en la frontera y luego conducidos a la Audiencia Nacional, donde, según fuentes jurídicas, el juez Juan del Olmo, que estaba de guardia, les comunicó las órdenes de prisión que en su día dictó contra ellos, cuando cursó a Francia las 'euroórdenes' por tráfico de explosivos, falsificación de matrículas de coche y pertenencia a organización terrorista.

Estos delitos tienen mayor calado judicial y penal que las imputaciones que podrían haber sido dictadas contra ellos si se hubiese abierto un sumario en Francia, por lo que la Justicia francesa ha preferido inhibirse en favor de la española, informa Efe.