El desdoblamiento de personalidad planeó durante toda la jornada sobre el Palau de la Generalitat, en Barcelona. Un informe de la Abogacía del Estado del 2 de noviembre de 2006, recuperado ayer por un diario catalán, en el que se defiende la constitucionalidad del Estatuto con argumentos polémicos, bastó para que Esquerra Republicana mostrase lo que le cuesta en ocasiones mantener sus señas de identidad y, al mismo tiempo, permanecer en el Gobierno catalán.
El informe en cuestión, elaborado por encargo del Ejecutivo central para contrarrestar el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional (TC), interpreta el Estatuto en una dirección muy diferente a la que pretende la Generalitat. Fija, entre otras cosas, la prioridad del resto de leyes orgánicas del Estado sobre la norma catalana y, aunque pretende ayudar a que el texto supere la criba del TC, en realidad diluye las pretensiones del tripartito.
EL MUNDO, y muchos otros medios de comunicación, publicaron el mismo 3 de noviembre, sólo dos días después de las elecciones autonómicas, un extracto del informe, de 301 folios. Ayer, La Vanguardia lo rescató con gran despliegue tipográfico -como tema principal en la portada, y con tres páginas en el interior-, lo que provocó las reacciones de todos los grupos catalanes y del Ejecutivo. Algunos destacaron que el informe era «antiguo», pero todos volvieron a juzgarlo en uno u otro sentido.
El principal perjudicado por la republicación del texto fue Esquerra. Su presidente, Josep Lluís Carod-Rovira, fue el primero en referirse al documento. El problema es que lo hizo en calidad de vicepresidente del Gobierno catalán, por lo que tuvo que morderse la lengua y se limitó a transmitir la opinión institucional, con toda seguridad mucho más cercana a la del presidente José Montilla y al PSC que a la suya propia.
Revisión a la baja
Carod, en nombre del Govern, calificó de «buena noticia» que el informe elaborado en nombre del Gobierno central avale su constitucionalidad, aunque se desmarcó de las interpretaciones que hace el abogado del Estado. Entre otras, la de que el término «nación» incluido en el preámbulo del Estatuto «no es en el mismo sentido en que lo es España, sino [en el de] nacionalidad con derecho a la autonomía».
El vicepresidente catalán sí admitió que si la revisión a la baja del Estatuto que se hizo por encargo del Gobierno en noviembre del año pasado tiene «repercusiones legales, lógicamente habría preocupación» en el seno del Ejecutivo catalán. Cuando fue preguntado acerca de la opinión de su «otro yo», o sea, de la del presidente de ERC, emplazó a los periodistas a la comparecencia del portavoz republicano, Joan Ridao, que se produjo poco después.
Fue como si Ridao y el hombre que le precedió en los parlamentos fuesen no sólo de distintos partidos, sino de formaciones enfrentadas abiertamente. El portavoz de ERC aseguró que una interpretación «desfavorable» del Estatuto «no sólo afectará a la normalidad política institucional, sino que abrirá un conflicto de incalculables consecuencias». Tuvo que admitir la «evidente contradicción» entre sus palabras y las de Carod-Rovira, pero añadió: «Sería tramposo por parte del Gobierno del PSOE querer instrumentalizar el TC dando una coartada a los magistrados de la mayoría llamada progresista para acabar defendiendo una lectura del Estatuto alejada del espíritu del texto».
Además, Ridao advirtió al PSOE de que esos planteamientos «no le saldrán gratis», y reiteró la «inquietud» de su grupo ante el informe.
Los socialistas catalanes, por boca de su portavoz, Miquel Iceta, calificaron de «magnífica noticia» que el Ejecutivo central «defienda la constitucionalidad del Estatuto» y quiso quitar trascendencia a «los argumentos que utilice para ello». El otro grupo que forma el tripartito, ICV, constató que el informe transmite «la opinión que el PSOE ha defendido» y afirmó que «la única garantía» de que el texto salga adelante es que «no gobierne el PP y que el PSOE gobierne sin mayoría absoluta».
En cuanto a la oposición, CiU, como era previsible, fue el grupo más duro contra lo que supone el dossier. Felip Puig vio en el informe «un ejemplo de la deslealtad de Zapatero», y alertó de «un conflicto con España» si el tribunal invalida «cualquier aspecto del texto». Para el portavoz del PP, Francesc Vendrell, lo relevante es que el documento «acaba con los blindajes que pretendía establecer el Estatuto».
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a certificar que el informe fue elaborado hace más de cuatro meses y que sólo «argumenta la constitucionalidad del Estatuto».
