F. MARTINEZ / D. CORDERO
BARCELONA.-
La Generalitat modificará en breve las máquinas que se explotan en bingos y salones recreativos de Cataluña desde finales del pasado mes de noviembre bajo la marca Binjocs. En un comunicado, el Departamento del Interior, que dirige Joan Saura, señaló que hace un mes y medio «se puso en contacto con el proveedor de los Binjocs para que efectuara las modificaciones pertinentes». El objetivo es reducir el riesgo de adicción, tal y como han reclamado asociaciones de lucha contra la ludopatía.
Entre las mejoras propuestas por la Dirección General de Juegos y Espectáculos figura prolongar «el tiempo entre partida y partida porque se ha comprobado que había un tiempo de duración entre apuestas muy corto y, por tanto, el gasto de dinero se realizaba de forma muy rápida». Un segundo cambio supondrá «limitar la cuantía del premio a obtener y la cantidad de dinero que se puede jugar».
De esta forma, el nuevo Departamento del Interior enmienda una decisión tomada en los últimos días del Govern de Pasqual Maragall, cuando, bajo el mando de la consejera socialista Montserrat Tura, la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas aprobó los reglamentos que daban luz verde a la comercialización de un juego con alto riesgo de adicción. Desde su puesta en funcionamiento y hasta que no se modifique la configuración de las máquinas, los premios son ilimitados y se benefician de la interconexión telemática de los distintos dispositivos, lo que permite crear premios conjuntos a partir de los 500 euros.
La Consejería negó ayer que se puedan utilizar tarjetas de crédito para pagar los boletos virtuales que permiten jugar al Binjocs, como ayer publicó este diario.
El lanzamiento del nuevo juego de la Generalitat, que prevé unos ingresos anuales de 18 millones de euros, nació con susceptibilidades de las asociaciones de ludópatas e incluso de algunas empresas del sector del juego. La Consejería ha resuelto las quejas de los primeros, pero todavía están pendientes las procedentes de los empresarios.
La patronal Acomar, que representa a los operadores de máquinas recreativas, presentó poco después de la aprobación de los reglamentos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dos recursos contenciosos administrativos contra el reglamento del juego.
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