Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento de Ciempozuelos interpuso el recurso el 29 de octubre de 2003, argumentándolo en la falta de concurrencia de la justificación del PAU, la inadecuación del instrumento jurídico utilizado y el exceso de altura de las edificaciones.

El TSJCM afirma, respecto a la primera cuestión, que la justificación del PAU no ha sido cuestionada y puede responder, «con independencia de los intereses en conflicto que pueda originar entre las corporaciones locales o la idoneidad desde el punto de vista de una política urbanística sostenible», a la ordenación o los intereses generales.

En cuanto al segundo de los aspectos recurridos, el Tribunal señala que el artículo 39 de la Lotau prevé el porcentaje de clasificación de suelo urbanizable común a urbanizable de uso residencial que contempla el PAU, por lo que no se observa la necesidad de que el procedimiento a seguir debiera haber sido contemplado según la Ley Autonómica.

Finalmente, respecto a la altura de la edificación, afirma que no se explica ni acredita por qué se va a producir una ruptura del equilibrio urbanístico ni en qué medida se vulneran los preceptos legales.