Se trata del director general del Medio Natural de la Junta, Mariano Torre; el alcalde navero, Gerardo Pérez, del PP; el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Vega, y el ex delegado territorial de la Junta Félix San Segundo, que en el momento en el que se adoptaron decisiones en torno al proyecto también era presidente de la Comisión de Urbanismo.

Todos ellos tendrán que declarar como imputados ante el juez que instruye el caso, Miguel Angel Pérez Moreno, el próximo 25 de abril, a partir de las 10.00 horas de la mañana, según figura en la providencia emitida ayer y a la que tuvo acceso este periódico.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción no atiende la petición presentada por la Asociación Centaurea, para que el número de imputados se viera ampliado con otros dos cargos de la Administración autonómica: el jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, José Angel Arranz, y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Avila y vocal de la Comisión Territorial de Urbanismo de Avila en la época en la que ocurrieron los hechos, Juan Manuel Pardo.

Por el contrario, el juez sí llama a declarar como testigos, tal y como solicitaban los ecologistas, a Sabas Yagüe, jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente en el momento en el que se produjeron los hechos; José Ignacio Molina, jefe de Especies Protegidas de la Consejería, y Alfredo Martín, técnico de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta. Sus declaraciones tendrán lugar el próximo 24 de abril. La providencia ordena practicar estas diligencias «sin perjuicio de otras que pudieran acordarse en vista del resultado de las que ahora se acuerdan».

Además, el Juzgado de Instrucción número 2 de Avila requiere a la Consejería de Medio Ambiente, al Servicio Territorial de Fomento, al Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y a la Sociedad Montes de Las Navas que remitan la documentación que, a juicio de los ecologistas, «no han entregado» hasta la fecha. Tras conocer la providencia, el presidente de Centaurea, Carlos Bravo, elogió la «celeridad» con la que tanto la Fiscalía como el Juzgado están actuando en este caso. El proyecto de Ciudad del Golf, paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León en una sentencia del mes de septiembre, contemplaba la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf.