Desde su primer borrador, hace 14 años, la ley ha creado divisiones en el seno del Partido Comunista. Tras 10 años de preparación, fue presentada al comité permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP) y sometida a siete lecturas antes de ser aprobada ayer con 2.299 votos a favor, 52 en contra y 37 abstenciones.

El texto, de 247 artículos, estipula que «todo tipo de propiedad, desde la estatal a la colectiva, individual o de otro tipo, está protegida por la ley y nadie puede atentar contra ella». Los mayores beneficiados son la clase empresarial y los urbanitas pudientes que han ido adquiriendo coches y casas sin una base legal que diga con claridad a quién pertenece qué o cómo se pueden heredar los bienes.

Aunque el suelo seguirá siendo propiedad del Estado, la ley permite renovar los derechos de uso individuales por periodos que van entre los 30 y 70 años. Pekín considera que la privatización total de la tierra podría provocar su venta masiva por parte de millones de campesinos deseosos de emigrar a las ciudades. La nueva legislación sienta las bases para el pago de compensaciones por las expropiaciones y con ella se pretende frenar las requisas ilegales por parte de las autoridades locales.

Sin embargo, los detractores, un grupo de académicos y miembros del Partido de la vieja guardia, esgrimen que la ley no ayudará a frenar la corrupción por el cambio de manos en el uso de los terrenos, sino que más bien la alimentará. En un documento enviado a la ANP se oponen a la ley, puesto que ésta «destruye la base del sistema socialista».

El Gobierno de Hu Jintao ha tratado de contener el debate de puertas para adentro. El último número de Caijing, una revista conocida por destapar escándalos empresariales, llegó a los kioskos con cinco días de retraso, al parecer, porque traía la ley en portada. En su editorial, Caijing arremete contra los sectores que se oponen a las reformas, recordándoles «lo pobre y débil que era el país bajo la economía planificada».

Los 2.780 legisladores de la ANP también acabaron con los beneficios fiscales de la inversión extranjera. La ley de impuesto sobre la renta que aprobaron ayer unifica en el 25% la tasa que han de pagar las empresas, cuando hasta ahora las foráneas tributaban por alrededor del 15% de sus ingresos y las chinas, por el 33%. Pekín pretende así anteponer la calidad de la inversión extranjera a la cantidad como parte de las medidas para corregir los desequilibrios de la economía, un tema al que se refirió ayer el primer ministro chino en el único encuentro anual que mantiene con la prensa.

Tras recordar que China se ha convertido en la cuarta economía del mundo, Wen Jiabao señaló que «no es tiempo para la complacencia» y volvió a insistir en la necesidad de extender los beneficios del crecimiento a toda la población: «Las prioridades ahora son la promoción de la igualdad de oportunidades en educación, la adopción progresiva de políticas de empleo, acortar la diferencia en las rentas y construir redes de seguridad social que cubran tanto las ciudades como el campo».

El mandatario chino también incidió en la necesidad de mejorar los mercados de capitales, en un momento en el que los temores de una burbuja especulativa han desatado la volatilidad en la Bolsa. Asimismo, reafirmó que China establecerá una nueva agencia para diversificar y rentabilizar el billón de dólares largo que el país posee en reservas extranjeras, aunque señaló que estas maniobras no tendrán impacto en los activos en dólares americanos.

Wen Jiabao viajará a Tokio a mediados de abril y ayer predijo que su visita «derretirá» el hielo de las relaciones que mantienen ambos países y que el primer ministro japonés se encargó de romper con su viaje a Pekín hace cinco meses. Por último, reiteró que su Gobierno combatirá cualquier brote secesionista en Taiwan y señaló que el Dalai Lama tiene «la puerta abierta» para volver a China siempre y cuando deje de «sabotear la unidad del país».