La vicepresidenta del Gobierno se manifestó ayer a favor de introducir una enmienda en la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar drásticamente el poder de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando, como es el caso, se mantengan en funciones. El actual CGPJ debería haber sido renovado en el pasado mes de noviembre, pero ello no ha sido posible por la falta de acuerdo entre el PSOE y PP, dado que el nombramiento de vocales exige una mayoría cualificada en las dos Cámaras.
El trasfondo de esta desavenencia es la voluntad del Gobierno de cambiar la actual relación de fuerzas en el CGPJ, que es favorable al PP, lo que impide que el Ejecutivo pueda controlar, por ejemplo, los nombramientos de la cúpula judicial.
Estamos, pues, ante una iniciativa del Gobierno para forzar al PP a aceptar una renovación del CGPJ en la que la mayoría de los vocales pasaría a ser propuesta por el PSOE y sus aliados. Nada hay, sin embargo, en la legislación vigente que limite las competencias del CGPJ en los periodos de interinidad, por lo que el órgano de gobierno de los jueces podría seguir ejerciendo sus funciones durante un tiempo indefinido hasta que se frague el imprescindible acuerdo, que sería razonable y deseable alcanzar cuanto antes.
El bloqueo del Consejo que pretende el Gobierno resulta un puro disparate que supondría colapsar los ascensos judiciales, paralizar las leyes que deban ser informadas por el Poder Judicial o retrasar los nombramientos que afectan a otras instituciones como el Tribunal Constitucional.
Como ya advirtió el ministro de Justicia nada más tomar posesión, el Gobierno va a hacer todo lo posible para acabar con esa interinidad que no le gusta. Para ello, el PSOE o alguno de sus aliados se dispone a proponer una enmienda que modifique el artículo 115 de la Ley del Poder Judicial. En el cambio que se quiere introducir, se limitaría el poder del Consejo a gestionar los asuntos de trámite y nada más.
Esta enmienda -que se quiere presentar en los próximos días- se uniría a la ya planteada por IU, que propone el cese automático del presidente del CGPJ al cumplir una edad que ya supera Francisco José Hernando. Hace unas semanas, IU propusó otra enmienda para prorrogar en seis meses el mandato de la presidenta del Tribunal Constitucional, cuyo voto de calidad puede ser crucial en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Antes de todas estas iniciativas, el Gobierno de Zapatero ya había reformado la Ley del Poder Judicial para elevar la mayoría necesaria para los nombramientos.
Lo que está haciendo el Ejecutivo es aprovechar una mayoría parlamentaria para cambiar las reglas de juego a su favor y lograr el control de instituciones clave del Estado como el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Ello contradice todas las promesas de Zapatero, que ha trocado su discurso de regeneración democrática por una obsesión en controlar los Altos Tribunales y condicionar así la independencia de los jueces.
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