Domingo, 18 de marzo de 2007. Año: XVIII. Numero: 6300.
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 ESPAÑA
CRISIS ANTITERRORISTA / Coacción de ETA
La patronal vasca denuncia una nueva campaña de extorsión etarra
La banda exige en las cartas a los empresarios entre 60.000 y 70.000 euros El PSE pide a Otegi que la rechace y el PP culpa a «la debilidad del Gobierno»
E. P. IRIARTE

VITORIA.- La patronal vasca Confebask, que preside Miguel Lazpiur, tachó ayer de «totalitaria y mafiosa» la nueva campaña de extorsión emprendida por ETA que, según confirmó, ha enviado una remesa de cartas a empresarios reclamándoles el pago de entre 60.000 y 70.000 euros para «la construcción de Euskal Herria».

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Fechadas el pasado mes de febrero y encabezadas con el anagrama de la organización terrorista, las misivas eluden cualquier amenaza explícita y, en un tono similar al empleado en las cartas enviadas hace un año, poco después de declararse la tregua, piden a los empresarios su «colaboración» para entregar una «aportación voluntaria» en concepto de «ayuda económica» para «el proceso de liberación y construcción» vasco.

ETA deja claro en el texto que tiene constancia de cuál es la «situación económica» del extorsionado y el «trabajo que realiza» y, tras solicitarle discreción en los «contactos» que lleve a cabo para hacer efectiva la «ayuda», le sugiere que, por motivos de seguridad, la realice en billetes de 20, 50 y 100 euros.

La banda recuerda a los empresarios que «Euskal Herria se encuentra en un momento clave» y afirma que si no hubiese «defendido con todos los medios la identidad» del pueblo vasco, «la opresión de los estados español y francés habría acabado» con él. Después de asegurarles que tienen «las puertas abiertas para tratar cualquier tema relacionado con el proceso de liberación», ETA se despide dando las gracias con «un respetuoso y cálido saludo revolucionario», informa Efe.

Tras confirmar la nueva remesa de cartas, Confebask negó que se trate de una campaña «masiva». Al margen de su alcance y el número de extorsionados, la patronal mostró su total «reprobación y condena» a una actuación que, consideró, responde a una actitud «totalitaria y mafiosa» que merece el rechazo de «todos los que aspiramos a vivir en paz y libertad».

Repulsa política

La organización empresarial rechazó por último que el «chantaje y la amenaza» sea un problema exclusivo de los empresarios vascos y aseguró que es algo que, al final, afecta al «conjunto de la sociedad».

El nuevo envío de cartas, denunciado ante la Consejería de Interior por varios de sus destinatarios, provocó una reacción generalizada de repulsa entre las formaciones políticas vascas. Así, el secretario general del PSE, Patxi López, consideró «absolutamente inadmisible» la campaña de extorsión de ETA y emplazó al dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, a pronunciarse al respecto. Le pidió que «no mire para otro lado» y consideró que «tiene una magnífica oportunidad» para rechazar este tipo de actitudes violentas, que son «radicalmente incompatibles con la política». Sólo de esta forma, añadió, puede la izquierda abertzale aspirar a concurrir en las próximas elecciones municipales.

El líder socialista reclamó a Batasuna que «no exijan nada a los demás» porque «nosotros ya cumplimos con nuestras obligaciones democráticas». «El rechazo a la violencia es la única forma de ser tenidos en cuenta; si no entienden que éste es un principio básico de la política, es que no entienden nada», añadió.

También el PP expresó su «repulsa» a la nueva remesa de cartas y atribuyó la responsabilidad última de esta campaña a «la debilidad del Gobierno de Zapatero». «Es en esta debilidad en la que se amparan los terroristas para mantener la presión», afirmó el secretario general de los populares vascos, Carmelo Barrio.

El dirigente del PP manifestó su solidaridad con quienes son «víctimas de este chantaje cobarde» y denunció que «éste es el verdadero proceso en el que está ETA» y no en «esa búsqueda de la paz que pretenden hacernos creer algunos».

Desde el tripartito se pronunciaron EA y EB. Para la formación que lidera Begoña Errazti, el envío de cartas es «incompatible» con un proceso de paz y es, además, «absolutamente rechazable no sólo desde una posición política sino también desde un punto de vista ético».

Por su parte, EB tachó la campaña de «acto claro de violencia en la medida en que implica un verdadero chantaje, que lesiona el derecho a la libertad».

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