El proceso se refiere a posibles irregularidades en la instalación y cobro de vallas publicitarias en terrenos municipales y a la concesión de los derechos de explotación de los monopostes -pequeños soportes publicitarios donde se anuncian los comercios locales- a empresas presuntamente vinculadas con el Partido Socialista.

Mañana también están citados a declarar como imputados en las diligencias previas que instruye el juzgado número 7 de Alcobendas el actual concejal de Servicios y Obras, Julián Guijarro (PSOE), el ex edil de Obras e Infraestructuras, Julián González (PSOE), y el secretario de Organización de los socialistas de Sanse, Saturnino Ureña.

El proceso comenzó el pasado noviembre a consecuencia de la denuncia admitida a trámite presentada por una empresa concesionaria hasta 2002 de la instalación y mantenimiento de los monopostes. El procedimiento que usó en 2002 el Ayuntamiento para su adjudicación estaba inducido para que la concesión se realizara a favor de una determinada empresa, vinculada a miembros del PSOE, según la denuncia.

Desde 2001 a finales de 2003, Ureña, hombre de confianza del actual alcalde, fue el encargado de gestionar como agente externo al Consistorio la adjudicación de esos monopostes (unos 140) y las vallas de publicidad, unas 100.

El Ayuntamiento prescindió el 8 de noviembre de 2002 del concurso público y decidió hacer un procedimiento negociado para adjudicar la explotación de los monopostes. El contrato se adjudicó a la empresa Vía Pública de Señalización Urbana SL que fue constituida el 13 de noviembre de ese mismo año e inscrita en el Registro Mercantil un mes más tarde, el 13 de diciembre de 2002, según la denuncia.

De ello se desprende que cuando la empresa contestó a la oferta no computaba ni siquiera en el Registro Mercantil. En esta empresa trabaja Nélida Rincón, compañera sentimental de Ureña, y Manuel Arroyo Martín, ex concejal del PSOE en la localidad.

Por otra parte, la denuncia que el juez admitió a trámite se refiere también a la adjudicación de explotación de las grandes vallas publicitarias, que durante los últimos años proliferan en terreno municipal -sobre todo a ambos lados de la A-1- sin tener licencia urbanística, como reconoce el Ayuntamiento. El Ministerio de Fomento ha abierto varios expedientes sancionadores al Consistorio al respecto.

La gestión de las vallas también la realizaba Ureña como agente externo. Éste, que, antes de vincularse al PSOE de Sanse, fue concejal de Ciempozuelos cuando gobernaba Joaquín Tejeiro, acusado de cohecho y blanqueo de dinero, acordaba los contratos con las empresas mediante un procedimiento negociado, a través de convenios de los que el servicio de Hacienda no tenía constancia, según la denuncia. Las cantidades recibidas por el Consistorio, como pago de las instalaciones, que la oposición cifra en más de 620.000 euros, se articularon como «donaciones».

Un solo administrador

En 2005, el Consistorio decidió dejar de cobrar por las vallas hasta sacar un concurso público para su gestión. Una de las empresas que más se ha beneficiado de esta situación de impago ha sido la firma que explota más vallas del municipio, Círculo de Publicidad Exterior, donde trabaja un ex concejal socialista, Emilio Sáez Castañeda. Según el PP, se han dejado de ingresar 274.000 euros por estos soportes, pese a que las empresas seguían cobrando a los anunciantes.

Curiosamente, según los datos que obran en poder de este periódico, tanto Círculo de Publicidad Exterior como Vía de Señalización Pública tienen el mismo administrador único, José Antonio R. G., y el mismo domicilio social, situado en la calle de Pez Volador. Y en ambas firmas trabajan personas vinculadas con el PSOE.

El PP de la localidad ha anunciado que se va a incorporar a la demanda en curso como acusación popular. «Llevamos más de dos años denunciando las irregularidades en el caso de las vallas y la situación ha ido a peor. Después de dos años en que no se ha cobrado por las vallas, todavía no hay ni pliego para un nuevo concurso. Igual que el alcalde cobra los impuestos, es alarmante que no cobre también como debe a estas empresas, que curiosamente están vinculadas al PSOE», ha asegurado Manuel Angel Fernández, portavoz popular del municipio.

Precisamente, el Ayuntamiento anuló el jueves la adjudicación de un nuevo contrato para la gestión de las vallas tras denunciar una empresa que el pliego de condiciones no se ajustaba a la ordenación de elementos publicitarios.

Por su parte, desde que se conociera el caso, el alcalde de Sanse asegura que se trata de una «maniobra política» ya que no tiene «ninguna relación» con los hechos denunciados, pues «no era alcalde» cuando se produjeron las supuestas irregularidades.

También están citados a declarar mañana como testigos el representante legal de la empresa Vía Pública, el ex concejal de Urbanismo, Angel Escribano, el jefe de la sección de licencias, Juan Carlos Sánchez, el jefe de la sección de Hacienda, Ricardo Buenache, y la compañera sentimental de Saturnino Ureña.