En una intervención ante el plenario de la Conferencia, el foro internacional más importante de desarme, el jefe de la diplomacia española aseguró que una política efectiva en este terreno permitiría financiar el impulso de estados y sociedades civiles para combatir la pobreza y citó estudios del PNUD y del Banco Mundial, según los cuales, para conseguir este objetivo serían necesarias inversiones «relativamente modestas».

«Se cifra en 13.000 millones de dólares», dijo Moratinos, «el gasto adicional para resolver los problemas de salud y nutrición del conjunto de la población mundial. Con 9.000 millones más, se podrían solventar las graves dificultades de abastecimiento y saneamiento de aguas y, sólo 6.000 millones bastarían para hacer realidad la escolarización de todos los niños y niñas del mundo. Y con el doble de esa cantidad, con 12.000 millones, se financiaría la necesaria asistencia en materia de salud reproductiva».

«La suma total», continuó el ministro, «40.000 millones de dólares, cambiarían el escenario global y la realidad de millones de personas y de países en todo el planeta. Esta cifra sólo representa el 5% del gasto militar mundial; una cuantía muy modesta, muy pequeña, que contrasta con la escalada de armamentos y sus efectos en el mundo, así como con los significativos incrementos de los presupuestos de defensa de muchos países, que comienzan a mirar al espacio exterior».

«El sueño de la paz»

La tesis que mantiene España hace hincapié en que sólo con un compromiso firme con la no proliferación armamentística y el desarme «nos aproximaremos al sueño de la paz». «Debemos y podemos», insistió Moratinos, «convertir el desarme en un instrumento de solidaridad y de progreso».

Por esta razón, el Gobierno español considera «estratégico recuperar el impulso y la vitalidad de la Conferencia de Desarme», ya que sus últimos resultados «no han satisfecho las expectativas». En este sentido, el ministro español de Exteriores citó como fracasos la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear de 2005, la no entrada en vigor después de 10 años del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares o la falta de avances de la Conferencia de Armas Pequeñas y Ligeras.