A punto de cumplir seis décadas, la China comunista ha dado esta semana un importante paso en la lenta pero inexorable senda de la liberalización económica: la aprobación de una ley que reconoce y protege la propiedad privada. La decisión -adoptada en la Asamblea Nacional Popular (ANP) por una apabullante mayoría- ha costado 13 años de reuniones y ha generado un grado de debate hasta ahora desconocido en el hermético régimen de Pekín.
La ley permite a los chinos comprar y vender activos y les rescata el patrimonio del limbo jurídico en el que se encontraba. El reconocimiento de la propiedad privada no alcanza sin embargo al suelo, que permanece en manos del Estado en las ciudades y en manos comunales en el campo.
La reforma es un guiño evidente a la pujante clase media urbana, que ha florecido al calor de las reformas liberalizadoras y cuyo bienestar es fundamental para que la economía china continúe creciendo al formidable ritmo actual. La ley es mucho menos ambiciosa en lo tocante al campo, donde una liberalización de las tierras podría haber acelerado un éxodo rural de proporciones inimaginables. Sin embargo, el texto aprobado el viernes garantiza que, de ahora en adelante, los campesinos recibirán indemnizaciones justas por la cada vez más frecuente expropiación de sus tierras, lo que ayudará a desactivar uno de los puntos de conflicto habituales en las empobrecidas regiones del interior.
La aprobación de la ley ha levantado ampollas entre la vieja guardia, para la que la norma es un acicate para la corrupción y un golpe a los cimientos del sistema. El presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao han apostado sin embargo por sacarla adelante, sabedores de los beneficios que la norma tendrá para la economía.
A rebufo del texto sobre la propiedad, la Asamblea aprobó también la unificación del impuesto de sociedades en torno al 25%. Esta importante medida supone el final de los incentivos a la inversión extranjera -que hasta ahora apenas cotizaba un 15%- y un espectacular montante extra para el Estado. Empresas como Siemens o Motorola -o las españolas Alsa o Indra- pagarán ahora más impuestos a cambio de más seguridad jurídica y el régimen podrá gastar más en la Sanidad y la Educación de las paupérrimas zonas rurales.
Queda por ver si estos vientos liberalizadores socavarán el régimen comunista y propiciarán un sistema más respetuoso con los derechos humanos. En cualquier caso, la economía china (esta vez sí) está inmersa en un gran salto adelante.
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